Grado Decimo Ciencias Sociales




TEXTOS GUIAS I.E SAGRADA FAMILIA, SEGUNDO PERIODO. AÑO LECTIVO 2022

AREA CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS.

GRADOS DECIMO.

DOCENTE EIVAR STERLING SANDOVAL.

SEDE MARIA MONTESSORI.

 

Docente: Eivar Sterling Sandoval

Grados: Sede Central y María Montessori.

Año Lectivo: 2022

Período: segundo.

 

Derechos Básicos de aprendizaje:

 

 No 2 – Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural.

 

 

No 5 – Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.

  

 

Estándar:

ü  Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.

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Competencias a desarrollar

 


 

 

 

 

 

 


Conflicto armado y violencia en Colombia.

Contexto histórico de la violencia bipartidista en Colombia.

Fue un periodo de disputas violentas asociadas al bipartidismo político. Lucha que enfrentaba a los partidos políticos en Colombia, a saber: partido liberal y partido conservador. La violencia como hecho histórico es determinante para comprender la realidad actual e histórica del país. El suceso tuvo su temporalidad en los años 1946 hasta 1965 aproximadamente y el escenario geográfico fueron casi todos los departamentos del país.

Desde sus inicios Colombia ha sido expuesta a la violencia, en el caso del bipartidismo generalmente es causada por la toma del poder sobre la nación. Colombia la mayor parte del tiempo ha sido liderada por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. El liberal tenía un pensamiento de libertad ya que estaba en contra de la esclavitud, a favor de los divorcios, defendía mucho a la sociedad civil y sus derechos y era el partido de los comerciantes y artesanos, en cambio el conservador era muy tradicional conformado por los descendiente de criollos y sus ideas eran totalmente opuestas a las del liberal, esto conlleva a una lucha por la ideología que se desató en Colombia, entre sus consecuencias: muchos cambios en nuestra constitución, las guerras civiles que caracterizaron el siglo XIX y la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. A partir de eso se dio el periodo llamado el frente nacional, de la inconformidad con ésta hegemonía liberal-conservadora en el poder se crearon otros partidos y guerrillas que en ese entonces si tenían ideales y fundamentos sólidos encaminados a la lucha por la igualdad y los derechos de los colombianos.

 En el caso colombiano los partidos tradicionales se mataron por el poder con diferencias ideológicas, el liberalismo radical era ferozmente anticlerical, partidario del libre cambio y de la separación entre iglesia y estado, mientras el conservatismo manejaba una alianza férrea entre la curia (iglesia) y el poder, una tendencia a centralizar el poder, esta lucha ideológica descuidaba todo lo demás, dejando que este siglo transcurriera con una economía completamente agraria campesina y atrasada. Se tiene entonces que todo el siglo XIX transcurrió entre la ignorancia y la falta de economía, no hay industria en el siglo XIX pero si hay luchas ideológicas enormes en las que la lucha por el poder ha sido fanática y decidida, los funcionarios tienden a atender bien solo a sus copartidarios dejando de lado a quienes realmente los necesitaban pero eran de otro partido.

1946: El estallido de la violencia.


La primera ola de la violencia 1943-1953.

La violencia fue un fenómeno social que tuvo como protagonistas a dos facciones enfrentadas en un conflicto político y social. Los conservadores por una parte y los liberales por la otra. La identidad partidista se diluyó en una disputa violenta sin precedentes. El protagonista principal de tal violencia tomo forma en las capas campesinas del país, siendo las zonas rurales, pueblos y veredas los escenarios que facilitaron tales acontecimientos.

Aunque en todas las zonas del país la violencia tuvo características diferentes hubo ciertas cuestiones comunes que le dieron característica a la violencia: la identidad partidista, la estructura social, el origen de los violentos, las ideas asociadas a la autoridad de la iglesia católica y un Estado débil entre otras.

No hay datos concretos sobre cuando empezó y cuando terminó, se sabe que estos sucesos desde antes se vinieron dando esporádicamente en las décadas anteriores. Es un conflicto que tiene sus razones en distintos eventos, algunos hablan de episodios derivados de la Guerra de los Mil días, como el desencadenante principal de la Violencia. Desde la zona de los santanderes permeando otras zonas más centrales que empezaron a gestar conflictos que para el año de 1930 relacionaban a agentes del Estado como la policía en atropellos contra los contendientes políticos civiles. La ascensión del conservador Olaya Herrera se convirtió en un detonante de pequeños conflictos que fueron creciendo con el tiempo.

Los conservadores en esa época entregaron el poder sin resistencia política, pero algunos odios y resentimientos regresaron al ambiente coloquial de la política, odios que encarnaron en zonas rurales y las personas menos influyentes en la política del país, pero finalmente causaron intermitentes hechos violentos y de represión contra los conservadores vencidos, claro está por parte de los liberales. Estos hechos causaron un abismo entre los dos partidos ocasionando ataques sangrientos entre los dos partidos, generando un ánimo de venganza, situación que desarrollaría una cadena de violencia que después sería imposible de romper. Este fenómeno no tuvo retroceso involucrando a casi todas las zonas del país.

Otra versión nos indica que conflictos de orden agrario en departamentos como los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca serían los principales detonantes de la violencia. Sobre todo al encontrarse en un mismo escenario latifundista, minifundistas y familias sin tierras, familias que muy resentidas entrarían en conflictos.

La agudización del conflicto se presentó en 1946, cuando Mariano Ospina Pérez llega al poder, que era un conservador de línea dura que llama a la Unidad Nacional. El conservador llega al poder tras derrotar al partido liberal dividido en dos tendencias: la tendencia de Gaitán y la tendencia de Gabriel Turbay quien representaba el oficialismo liberal. En el año de 1946 estuvo marcado por desórdenes sociales como el paro de choferes de la ciudad de Cali, más de 500 conflictos son registrados ese año, las carreteras y los ferrocarriles, además de los ríos eran los escenarios predilectos de los protestantes. La violencia venia arrasando por todo el país. El liberal Jorge Eliecer Gaitán tomaba fuerza en el escenario político, denunció el derramamiento de sangre ante el gobierno.

En el año de 1947, no se registraron mejoras en el orden público y manos en la violencia bipartidista, que ahora presentaba odios desbordados, venganzas indiscriminadas y todas las formas de barbaries, los liberales eran las principales víctimas de las contiendas, siendo perseguidos y masacrados por los conservadores. (Video: Periodo de la violencia en Colombia)

El líder del pueblo Jorge Eliecer Gaitán.


Uno de los años con más dinámicas violentas de todo el periodo es el año de 1948, fue un determinante para potenciar brutalmente la violencia, los genocidios en contra de liberales no paran, van en aumento, el ejército se muestra como neutral en el conflicto, pero los conservadores de la mano de algunos policías departamentales planean y ejecutan actos de suma violencia en contra de poblaciones enteras. Santander es un infierno y hay una inminente guerra civil en el departamento. Las protestas sociales y saqueos públicos en las grandes ciudades se presentan en Cali y Bogotá. De las lomas se veían bajar a con machetes, palos y escopetas, los liberales empezaron a cometer los mismos actos a manera de venganza. Pueblos enteros se enfrentaban desde las altas montañas. Los periódicos también tomaron partido y la prensa liberal culpaba a la prensa la conservadora y viceversa.

El liberal Jorge Eliecer Gaitán ahora es el caudillo de su partido, se proclama como la voz del pueblo “yo no soy un hombre, soy el pueblo”, “si avanzo seguidme, si retrocedo empujadme, si os traiciono matadme, si muero vengadme”, estas eran las consignas históricas de Gaitán, que no solo moverían ideas sino actos en su nombre. “La marcha del silencio” se configuró como una súplica de Gaitán y sus seguidores, clamando al gobierno para que el gobierno que detuvieran la masacre de los liberales. Las apariciones en público de Gaitán, su carácter, su oratoria, marcaron una época en la política colombiana, haciendo de este político una leyenda.

En el centro de Bogotá Gaitán tenía su oficina donde ejercía como abogado, una calle ubicada en la carrera séptima con Avenida Jiménez donde se llevaría a cabo el magnicidio, al medio día del 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra habría sido el autor material del tiroteo. Este hecho marcó un antes y un después de la Violencia que se enardeció como nunca, las repercusiones se notaron en todo el país, en el Valle del Cauca juntas liberales revolucionarias fueron desmanteladas por el ejército liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien a la orden del gobierno conservador reprimió todo intento rebelde. Los conservadores fueron perseguidos y atacados por todo el territorio nacional, siendo acusados del crimen cometido en la capital, los liberales furiosos atacaron todo lo que representaba la institución del partido conservador.

En el Valle del Cauca sobre todo en el norte en municipios como Tuluá y Trujillo, vivieron un trance de institucionalización de la policía y las fuerzas del gobierno, al mando de personajes afiliados a la orden del partido conservador como León María Lozano y Leonardo Espinosa tomaron más fuerza que nunca. En Bogotá el primer acto en masa fue el linchamiento de Juan Roa Sierra.

El Bogotazo.

El Bogotazo empezó con la muerte de Gaitán, pero continuó durante toda la tarde, fueron atacadas las iglesias, a quienes se les atribuía la amistad ideológica con el partido conservador, algunos establecimientos comerciales fueron saqueados y destruidos, la ciudad vivió momentos de total guerra. Desde la radio se incitaba a la revolución, algunos dirigentes liberales y simpatizantes de Gaitán, habiendo perdido la esperanza que habían depositado en él se lanzaron a estimular la posible revolución. El ejército en la tarde empezó a controlar a los enfurecidos lo que dejó un gran número de muertos.

Los gaitanistas heridos empezaron a atacar la residencia del que figuraba como el contendiente más radical de Gaitán: Laureano Gómez, este ya había abandonado su casa de no huir también habría sido linchado, el propósito de la masa era vengar a Gaitán y derrotar a los conservadores.

Las licorerías saqueadas el alma de los gaitanistas herida y la furia desbordada fue la constante durante toda la tarde. La revolución había terminado con centenares de personas muertas. La muerte de Gaitán catapultó la violencia a insospechados horizontes, pero la muerte de Gaitán no representa el origen de la violencia de los años cincuenta. Durante la primera ola de violencia algunos de los departamentos y municipios que tuvieron violencia con mayor intensidad fueron Tolima con municipios como Anzoátegui, Santa Isabel, el Líbano, Falán, el Fresno entre otros. En el Tolima hubo un cambio radical frente a la violencia la policía se sublevó después de los hechos y la violencia se intensificó notablemente. Ibagué se convirtió en el rumbo donde millares de desplazados de las áreas rurales llegaron. Los Llanos tuvieron también una participación notable, desata una violenta disputa entre el “conuquero” y los dueños de las tierras y el ganado. (Conucos: parcela pequeña dedicada al cultivo de la yuca)

La región de los Llanos con sus representaciones particulares de vaqueros, finqueros, ganaderos, jefes caporales y conuqueros se intrinca dentro de la violencia y casi todos los gremios se volcán a una sangrienta lucha contra el poder oficial conservador, en este caso representado por la policía.

Los Llanos se miran como los escenarios que vieron parir a las guerrillas liberales que constituidas como una guerrilla moderna sustentan jerarquías, jefe, e incluso un cumulo de leyes sobre las cuales se rigen. Dos tendencias organizativas aparecen en la época de la violencia: la de Eliseo Velázquez y la de Eduardo Rey Franco quien impone este sistema basado en la lucha de guerrillas, Velásquez y su idea acciones masiva queda relativamente relegada.

El partido conservador a través de sus directorios regionales y de agentes relacionados al Estado como la policía, emprende una eliminación del contradictor político. Al regresar de su exilio después de los hechos del 9 de abril de 1948 el conservador Laureano Gómez lidera la campaña de odios contra los liberales. Por su parte los liberales golpeados y amedrentados y con la vocería de Darío Echandia anuncian que no se presentarían a las próximas elecciones presidenciales, ya que estas elecciones presidenciales son una farsa. El camino político de Laureano Gómez estaba servido, el conservador fue elegido como candidato único con un poco más de un millón de votos.

En Antioquia, la policía arremete contra la población civil a favor de la venganza de las agresiones de la guerrilla liberal, sangrientos actos de violencia se llevaron frente a las autoridades, pero no hubo mucho que hacer, teniendo pleno conocimiento que muchas autoridades estaban asociadas a las agresiones y sus acciones.

Pocos departamentos se quedaron por fuera de las olas de violencia, entre los cuales aparecen algunos departamentos de las costas colombianos y del sur del país.

El campesino liberal no fue asesinado se dirigió a las grandes ciudades donde la violencia no hizo mayor erupción, aquél campesino dejó atrás sus parcelas, cosechas y animales para buscar una nueva vida.

Las Guerrillas Liberales en Colombia.

La formación de las guerrillas liberales en Colombia es el resultado de dos causas principales. Que se han cruzado de manera paralela con las dinámicas sociales y regionales que les aportan el tejido social en el que se desenvolvieron. Fue la violencia política, la primera de ellas, que desde el principio pretendió transformarse en acción revolucionaria. Inicialmente se empezó con la construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo, disputándole la preponderancia sobre la sociedad para luego suplantarlo. La segunda causa es de origen social, por las luchas de la defensa de su territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en principio una respuesta militar a la acción del Estado. Se trató de intentos de unir la violencia política con la comunitaria, aquella en la cual se oponía la comunidad  a un enemigo calificado como opresor, buscando de esa manera transformarse en acción revolucionaria y política. Todos esos movimientos tanto ideológicamente como en su acción militar, manifestaron una disposición política: el objetivo era suplantar al Estado y al régimen político.

La guerrilla colombiana es el resultado de dos procesos que se entretejieron con distintos fenómenos sociales y regionales, estos fueron los casos del ELN y el EPL consideradas como guerrillas de primera generación, y casos como el del M-19 de segunda generación. Producto de procesos donde imperó la discusión política son el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), el MIR-Patria Libre y el Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT). (Vídeo: Breve Historia de las Guerrillas en Colombia)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (FARC-EP).

Las Farc-EP, es una organización cuyos orígenes se encuentran en los fenómenos de luchas rurales de las tres primeras década del siglo XX, en concreto en las autodefensas agrarias campesinas, que de una u otra forma, el Partido Comunista Colombiano soportó e incitó en esos momento. Antecedentes de los orígenes de esta agrupación fueron los conflictos agrarios del Sumapaz y el Tequendama en los años veinte y treinta, alrededor de la lucha por la posesión y propiedad de la tierra y por el valor del jornal en las fincas cafeteras. Posteriormente y durante las décadas de 1930 y 1940, se produce la lucha entre las élites políticas liberales y conservadoras de esa época, apoyadas en los procesos de modernización e industrialización promovidos por Enrique Olaya Herrera, y que persistían en el desarrollo del modelo hacendatario haciendo uso de la violencia como instrumento, dentro de todo el marco de incertidumbre económica y social derivada de la crisis mundial de los años 30. Durante este período el campesino fue inducido a tratar de fortalecer lealtades personales, familiares y sociales a través del odio y del resentimiento. Este mecanismo de lealtades hereditarias, que se fundó en el compadrazgo y en el gamonalismo, fue una red asociativa que unió a estamentos de una población donde la herencia de la encomienda y de la hacienda dejó huellas profundas en la zona central del país, en el Tolima, los Santanderes y los Llanos Orientales. En estas zonas que coincidían con la clásica región de la encomienda, fue en donde se iniciaron las luchas reivindicativas entre los campesinos, promovidas entre otras cosas, en el grado en el cual el autoritarismo se había constituido en uno de los elementos psíquicos esenciales de la población rural, que en ese momento representaba el 70% del total de los colombianos. Luego a finales de los años cincuenta, se produce la llamada guerra de Villarrica, en las zonas de autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, la cual dio origen a las denominadas columnas de marchas que produjeron desplazamientos campesinos en el centro y en el sur del país. Estas fueron las bases de nuevos procesos de colonización en las regiones del Ariari y del Pato y que se constituyeron en el factor que generó la transformación de las FARC a grupo guerrillero con el nombre del Bloque Sur, en referencia a la ofensiva militar contra las regiones de autodefensas campesinas, denominadas por algunos dirigentes conservadores como Repúblicas Independientes de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero. Estos antecedentes y las experiencias posteriores como autodefensa campesina, se reflejaron en el futuro de esta organización que en principio marcó la orientación defensiva de su práctica militar.

Sin embargo, en todos los movimientos guerrilleros colombianos, al margen de sus procesos de origen, han coexistido dos dinámicas: la del discurso político y la de la acción armada en diferentes variantes, estas últimas de acuerdo a las condiciones de cada guerrilla. Algunas de estas agrupaciones, disidentes de otras, tales como el PLA, Comando Pedro León Arboleda, del EPL, el Ricardo Franco de las FARC, la Coordinadora Nacional de Base y el M-19 en especial acudieron al terrorismo urbano si lograr resultados significativos y que no pasaron de hechos aislados. Ahora bien, la presencia casi anónima de la guerrilla en el escenario nacional, desde los años 50 hasta mediados de los años 80, contribuyó a un afianzamiento lento pero seguro, en regiones rurales en especial en áreas de colonización ya que la expansión hacia las zonas urbanas no haya sido percibida como una amenaza seria. Esto era visto como algo natural y que representaba más una incomodidad que un peligro real. En la base de esta expansión se identificó la habilidad de la guerrilla para sacarle provecho a la casi total ausencia institucional del Estado en las áreas rurales y al gamonalismo político imperante en esas zonas del país.


Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El origen del ELN, está ligado de forma directa, a las influencias de la Revolución Cubana, y en especial al impacto producido por ella en las juventudes universitarias y de clase media de los mayores núcleos urbanos de Latinoamérica. Pero también estuvo articulada con las luchas de tipo nacionalistas. Como las de los trabajadores del petróleo, luchas de resistencia armada, como las mantenidas por las guerrillas liberales del Magdalena Medio y los Llanos orientales y con la expectativa que se creó en sectores progresistas urbanos colombianos de la llamada nueva izquierda, frente a la posibilidad de realizar revoluciones a partir de la acción armada combinada con el descontento social. En estos procesos encontramos guerrillas de la denominada generación como las FARC, guerrillas de segunda generación, como el movimiento armado Quintin Lame.

Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por el Comando Central, del que hacen parte cinco miembros, incluyendo el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias "Gabino".

Movimiento 19 De Abril (M-19)
Fue un movimiento guerrillero colombiano nacido a raíz de un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero contra el General Rojas Pinilla.

Ejército Popular de Liberación (EPL)
Es un grupo guerrillero colombiano, de ideología Marxista - Leninista - Maoísta. Se fundó en febrero de 1967, aunque no inició acciones militares hasta 1968, principalmente en Antioquia (regiones de Urabá y Bajo Cauca), los departamentos de Córdoba y Sucre y la región del Magdalena Medio.

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Era un grupo guerrillero colombiano que desapareció recientemente (15 de septiembre de 2007) debido a las acciones de las Fuerzas Militares de Colombia, específicamente la Infantería de Marina.

Conflicto armado actual en Colombia.

Durante 2017 dimos seguimiento a más de 550 casos de violaciones recientes al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos, tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados. Entretanto, la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC no ha avanzado con la rapidez y ambición que se esperaba. Colombia necesita un mayor nivel de compromiso y voluntad política para que se cumpla lo acordado.

Por otro lado, es alarmante que en Colombia continúen los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, las minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas. Aún queda un camino largo y complejo para que podamos hablar de un país que ha superado la guerra.

En 2017, la Unidad para las Víctimas reportó cerca de 77.000 víctimas del conflicto y la violencia, la mayoría desplazados. No solo se trata de un número preocupante de personas. Cada cifra representa la historia de dolor de una familia que nunca debería haber sufrido una situación así.

Una muestra de la debilidad en la respuesta de las instituciones estatales, es que la cruz roja activaron 14 operaciones humanitarias de emergencia durante 2017, la mayoría en la costa pacífica, para brindar asistencia a víctimas de desplazamiento o a quienes habían quedado confinados debido a confrontaciones armadas.

Durante 2016, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios que afectaron a 18.671 personas en Colombia. La mayoría de los registros son casos de personas que desaparecieron antes de 2016 y cuyas familias se acercaron a la Organización en busca de apoyo.

A pesar del optimismo generado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, el CICR observó con preocupación la reconfiguración de actores armados en terreno y llamó la atención sobre la continuación de conflicto con otros actores armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Por eso, es prematuro hablar de posconflicto en el país.Cerca de 17.100 mujeres y niñas han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado desde los años 80. Una muestra de 100 casos que el CICR atendió entre 2014 y 2016 indican tendencias preocupantes: el 20% de las mujeres presentó un embarazo no deseado y el 41% había sido víctima de violaciones colectivas cometidas por entre tres y ocho personas.

Los enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además del accionar de 'combos' y pandillas, también fueron causa de las posibles infracciones de los principios humanitarios. En entornos urbanos como Medellín, El Bagre y Buenaventura, la población afectada vive entre el estigma y el temor.

La dimensión del problema es tal en Colombia, que hoy se desconoce el paradero de 85.900 personas. Averiguar lo sucedido con las personas desaparecidas y prevenir más casos no es un gesto de buena voluntad, es un deber. Los obstáculos que encuentran los familiares son múltiples: desde la indiferencia, hasta la falta de respuesta integral a sus necesidades.

La presencia de minas, artefactos explosivos (restos de guerra y otros de fabricación improvisada) cerca de los entornos poblados, además de la proliferación de armas y balas perdidas en zonas urbanas, son algunas de las amenazas que enfrenta la población civil en Colombia. En los últimos 26 años, 11.400 personas han sido registradas como víctimas directas de artefactos explosivos. El 39% son civiles.

El Estado no cumple con sus obligaciones frente a las personas que castiga por violar la ley. Del año 2000 hasta enero de 2017 el hacinamiento en las cárceles de Colombia creció de un 35,7 por ciento a un 52,5 por ciento. Es urgente rediseñar la política criminal colombiana para que se priorice la prevención y la reinserción en vez de la detención preventiva como única medida contra la inseguridad.


Masacre de las bananeras y brutal represión al pueblo

Para castigar el reagrupamiento obrero y campesino impulsado con las ideas socialistas y comunistas en embrión, la dictadura conservadora de Miguel Abadía Méndez, confabulado con la transnacional gringa del banano la United Fruit Company, puso sus tropas bajo mando del chafarote Carlos Cortés Vargas, nombrado jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta. El general recibía órdenes de la transnacional y de asesores militares norteamericanos a la vez que disponía de guachimanes, sapos y paramilitares que ayudaron a la tortura y la masacre como primera prueba de fuego de la clase obrera colombiana.

"...Debían ser como tres mil.... (Los muertos), dice Gabo en Cien Años de Soledad, agregando:...En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca, éste es un pueblo feliz...”.La United había hecho aprobar leyes draconianas, como El decreto militar # 4 que amparó la masacre y "...que en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas de CUADRILLA DE MALHECHORES y facultaba al ejército para matarlos a bala... "

La impunidad de la masacre se selló con el segundo Estatuto de Seguridad del godo Miguel Abadía Méndez contemplado en la famosa "Ley Heroica", o Ley 69 de 1928, Su artículo 1º prohibió "las asociaciones, agrupaciones u organizaciones de cualquier clase que, como el bolchevismo y el comunismo, se propongan difundir ideas que tiendan a extinguir o debilitar el sentimiento y la noción de patria; fomentar atentados contra la organización constitucional de los poderes públicos o promover el cambio de las instituciones, fomentar o provocar irrespetos, ultrajes o invectivas y el menosprecio de la religión católica; propender por el relajamiento de la disciplina y la moral del ejército, de la policía, de la gendarmería y demás cuerpos de vigilancia; difundir ideas que atenten contra la institución de la familia; atacar la legitimidad del derecho de propiedad; promover, estimular o sostener huelgas que no se ajusten a las leyes.

La dictadura cabó su propia tumba y ya el 17 de julio de 1930 se fundó el Partido Comunista, que recibió su bautizo a punta de bolillazos y culatazos en su manifestación inaugural. En el único gobierno progresista que ha tenido Colombia con López Pumarejo, se funda la Central de Trabajadores de Colombia CTC y el primero de mayo de 1936, el presidente alterna tribuna con el joven líder del pueblo Gilberto Vieira. Frente al masivo avance de las luchas campesinas que hacían reforma agraria en las regiones y del movimiento obrero en ascenso, López Pumarejo aprueba la ley 200 de Tierras que da derecho a los campesinos a la posesión de sus parcelas y a su organización, con derechos sindicales y políticos y el respeto a las libertades públicas.

La vieja casta conservadora más ligada al latifundio, al militarismo y al imperialismo, empezó el saboteo a ésas medidas fraguando la conspiración contra el gobierno y los sectores progresistas que lo apoyaban. Se valieron de sectores liberales reaccionarios para disputarse el poder con viejas mañas, hasta 1948, cuando el caudillo Jorge Eliécer Gaitán con un vasto movimiento progresista amenazaba llegar al gobierno y la dictadura de Mariano Ospina Pérez, de brazo con la CIA, planearon su asesinato, como una de las conclusiones de la 1ª Conferencia Panamericana que terminaba en Bogotá. El pueblo se alzó, vino el bogotazo y la resistencia en campos y ciudades, en varias de las cuales como Barrancabermeja se alcanzó a instaurar un gobierno del pueblo por unos días.

La dictadura militar conservadora bajo la consigna de "A sangre y fuego" se ensañó contra el campesinado, el movimiento sindical y los comunistas que eran fuertes en el agro, junto a sectores socialistas y liberales. A la violencia reaccionaria desde el poder, los comunistas llamaron en un pleno en 1949, a responder con la autodefensa popular de masas que se transformó en resistencia junto a guerrillas de los campesinos liberales apoyados por su dirección nacional, para evitar el exterminio de sus huestes. Comenzó ahí lo que se llama la violencia política, y la primera etapa del movimiento guerrillero. En sólo 4 años hubo más de 3 mil muertos. Desde allá Manuel Marulanda Vélez junto a sus hermanos, primos y vecinos reprimidos, se unieron a organización de la resistencia.

Otro dictador Laureano Gómez, "El monstruo" encargado de la presidencia en el 50, gobernó con la censura, el Ejército, la Policía, los Chulavitas y los pájaros,(paramilitares),bandas de asesinos auxiliadas por la policía y los gobernadores. Hubo más asesinatos y persecuciones en sus tres años de gobierno que en cualquier otro período de la violencia de 1946 a 1958. Viene el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio1953, y la entrega de las guerrillas liberales por llamado de su dirección, siendo traicionados a la muerte de su principal jefe de los llanos Guadalupe Salcedo recién llegado a Bogotá. Los guerrilleros orientados por los comunistas y el movimiento agrario no se entregan y vuelven a la organización en sus regiones.

Un primer paso de la dictadura militar, apoyada por la Iglesia, conservadores, liberales y los norteamericanos, fue dejar libre al criminal León María Lozano, "El Cóndor", y sus tenebrosos agentes paramilitares de la violencia en el sur. El 8 y 9 junio de 1954, en pleno centro de Bogotá, la tropa masacra a los estudiantes de la Universidad Nacional y la caravana de muerte, violaciones, tortura, corrupción y abusos del poder, continúan. El dictador y sus huestes atacaron y quemaron las sedes y los periódicos de los partidos, llegando a la masacre de la plaza de toros de Santamaría en 1956. Se ilegaliza por decreto al Partido Comunista y se reprime a las centrales obreras, atacando de nuevo las regiones con organización campesina, en Cundinamarca, El Tolima y otras del sur y los Llanos. Los campesinos resisten a la dictadura bajo la dirección de Juan de la Cruz Varela el Sumapaz y otros líderes agrarios y del partido en el sur iniciándose la segunda etapa de las guerrillas hasta 1957. Las movilizaciones de estudiantes, trabajadores y sectores cívicos tumbaron la dictadura que dejó una junta militar en el poder.

Los caudillos oligárquicos, responsables de la violencia precedente desde el estado, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, desterrados por la dictadura, pactan en Benidorm, España, El Frente Nacional, el contubernio de los dos partidos tradicionales para gobernar alternadamente a Colombia durante 12 años que luego prolongaron en el tiempo.

El F.N. Fue en verdad la partida de matrimonio de los dos partidos que ya estaban unidos en defensa de los grandes monopolios oligárquicos, del dominio imperialista y del gran poder terrateniente y la iglesia que con los militares se repartían el poder. El partido conservador no había cambiado, pero los liberales se conservatizaron a lo largo de décadas en el poder. La violencia y la corrupción seguirían siendo su estandarte. Desde el primer gobierno frente nacionalista de Lleras Camargo, el hijo del monstruo, Álvaro Gómez Hurtado urdió en el congreso el cuento de "las repúblicas independientes" al sur del país adónde los campesinos perseguidos por la violencia militar, construían comunidades cooperativas agrarias en

Marquetalia, Rio chiquito y Guayabero.

El régimen de Guillermo León Valencia bajo órdenes del pentágono en su guerra preventiva, "para evitar otra Cuba", empezó los hostigamientos y el asesinato de líderes agrarios, como Jacobo Prías Alape, para luego atacar con cerca de 16 mil soldados y bombas napalm, a esas regiones en mayo de 1964, dando comienzo a la resistencia y la tercera etapa del movimiento guerrillero, que pronto se extiende y va a conformar a las FARC y luego al ELN.

El FN, fue la dictadura política que instituyó la intolerancia negando a los partidos y fuerzas diferentes, destinadas a ser estigmatizadas y perseguidas. Todos sus gobiernos adoptaron el pernicioso estado de sitio como forma de gobierno y las conmociones que otorgaban poder a los militares para reprimir a la oposición y a los inconformes, amparando al latifundismo agresivo y violento, aplazando eternamente la reforma agraria y los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías, causas esenciales del conflicto social y armado que se agigantaba.

Los mandos militares, entrenados en la escuela de las Américas, con la doctrina geopolítica de la Seguridad Nacional, bajo el mando de los gobiernos yanquis, han dominado y reprimido al pueblo, en el Frente Nacional y los regímenes posteriores. La definición de Colombia como la "democracia más antigua de Latinoamérica" no pasa de ser una pantomima mal representada. Los generales han tenido siempre su cuota de poder, amenazando con conspiraciones y golpes para imponer sus caprichos guerreristas que son aprobados en el régimen para favorecer los intereses oligárquicos y monopolistas.

La más reciente muestra de la intolerancia y el carácter violento e impune del régimen político está en el proceso de paz, avance y luego genocidio de la Unión Patriótica que cumple 20 años y que luego de un acuerdo político con el gobierno de Belisario Betancourt, fue acribillada con sus candidatos presidenciales y principales líderes, poniendo 6 mil víctimas, asesinadas por los escuadrones paramilitares formados por el latifundismo narcotraficante en convivencia con las Fuerzas Militares y caudillos políticos como el actual presidente. Los paras hoy legalizados llegaron al poder junto con los narcotraficantes que coparon al estado y la vida política nacional.

Son estas las causas de la resistencia guerrillera que en 41 años se ha crecido en cada operación de exterminio que los sucesivos gobiernos han lanzado bajo orientación del régimen norteamericano y que siempre termina estrellándose contra las organizaciones populares y la población civil. Hoy el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el único que sigue fiel a la aventura guerrerista de la familia Bush, con una guerra terrorista que va desde Iraq hasta Colombia. El modelo de Capitalismo Salvaje que arruina a los colombianos, se impone con el Plan Colombia, y el Plan Patriota que no hace más que potenciar el conflicto armado que degenera en la guerra civil y la violación sistemática de los Derechos Humanos por el terrorismo de estado.

Por otra parte se habla mucho del poder del estado pero no se ha estudiado a fondo el fuero militar. Es cierto que  el estado está ausente en muchos aspectos pero en el aspecto militar es parcialmente débil la conclusión es obvia: si el poder se basa en el dominio de la tierra y tiene poco poder militar se debilita el poder mismo. Es un país que es igual a España y Francia juntas, con una debilidad intrínseca.

En cuanto a la violencia se tiene que El 95% de la violencia colombiana es rural, si bien la violencia se ensaña en muchas partes  principalmente en las zonas cafeteras son las más afectadas, de esta forma se tiene un panorama de por qué existe el conflicto:

Una economía rural, un producto de mono exportación y una estructura vertical de la constitución, son causas para el conflicto.

En cuanto al gobierno ofrecía la imposibilidad de importar solo lo que no se producía aquí, y eso  ayudó, pero no fue para siempre.

También llegaron las guerrillas, con líderes como  Tirofijo quien dirigió las FARC, pero en realidad  él era un producto de la violencia misma de los liberales y conservadores, claro está eso se silencia porque a los partidarios no les conviene, pero las responsabilidades históricas  son difíciles de asumir, el estudio de la historia en Colombia ha sido descuidado.

En el contexto histórico es necesario entender que chuzmeros y actuales guerrillas son diferentes, en las antiguas agrupaciones armadas al margen de la ley Chulavitas y chusmeros se igualaban en violencia, más no eran lo que  hoy se conoce como guerrilla, eventualmente esa violencia desplazó la gente del campo hacia la ciudad, eso produjo una acumulación de gente en la ciudad, eso tiene un efecto económico, y crea una demanda que urge por ser satisfecha, cambiando así los tipos de oferta.

Desde el 80 en adelante hay un desarrollo industrial en Colombia, las ventas se disparan un 300% después de la violencia, incrementa el crecimiento de la ciudad como una de sus causas, ahí viene la pregunta: ¿Cómo se resolvió la violencia bipartidista? Pactando una alternación del poder, con el frente nacional. Liberales y conservadores gobernarían a partes iguales, eran los actores violentos, por lo tanto llegaron a un arreglo para lograr detener la matanza de 100 años entre ellos.

Hay un dimensionamiento diferente de  lo que es la violencia, la violencia del 50 fue por tierra y café, aunque la producción cafetera no era latifundista, además es un error pensar que el latifundio es causa directa de la violencia.

Para el 60 se fundan: el  ELN,  M19 Y EPL las primeras pasan de ser autodefensas a ser ejército popular de liberación, la principal razón para este cambio fue político militar, ya que las fuerzas armadas de Colombia no llegaban a 80 mil  por lo tanto es absurdo pretender que esa fuerza militar puede controlar algo. Hay que admitir que el estado era débil militarmente, pero compensaban la falta de efectivos con la ferocidad, aun así  las posibilidades militares de la guerrilla parecían abiertas porque el estado era débil por lo social económico y el uso de la fuerza., de esta forma la guerrilla fue creciendo en el campo  pero es de resaltar que nunca ha tenido fuerza en la ciudad. Los estrategas de la guerrilla no tuvieron presente que el país estaba dejando de ser rural para ser urbano, el café fue reemplazado por el carbón y niquel, la guerrilla subvaloró el aspecto político económico y militar. Un país que está ya fundamentalmente urbano cuya producción ya no es rural no puede darse el lujo de que una guerrilla totalmente rural lo domine.

Uno de los líos con las FARC es que nunca lograron contacto serio con las masa urbanas, el M19 tuvo más éxitos, manejó de forma inteligente  aspectos mediáticos y le dieron poder porque tenía académicos, intelectuales y publicistas, ampliamente se hizo propaganda, aunque se disipó.

El EPL a su vez  se concentró en Urabá aunque tampoco logró un desarrollo definitivo, sus efectivos pasaron a formar las autodefensas… alias el monoleche quien mató a Castaño era ex -EPL, esa guerrilla se convirtió en parte considerable de las filas AUC.

ACTUALMENTE:

Desde el punto de vista de la revolución la guerrilla no tiene posibilidad de llegar al poder por ser rural, porque la economía ya no es rural, una guerrilla rural en un país donde lo rural ya no tiene si no el 20% de la importancia económica va contra el aspecto económico de la teoría revolucionaria.

La clase de obreros es desde Marx y Lenin lo más importante, pero aquí no ha habido nunca  un sindicato realmente controlado por la guerrilla. El partido comunista no ha logrado controlar los obreros, no tiene la vanguardia de la revolución, desde la teoría misma la guerrilla no tiene futuro.

Del 80 en adelante empieza en la economía rural la producción de droga, eso revitaliza el campo colombiano, cuando declina el café aparece la droga, se dispersa sobre la periferia dada su lucha contra ella, la guerrilla actualmente opera donde hay droga porque es el único factor económico rural que le perite subsistir.

Es de tener en cuenta que el producto bruto de Colombia será de 390 mil millones de dólares, el valor de la producción de droga se calcula en 20 mil millones de dólares.  La droga sola tampoco podría dar a la guerrilla la posibilidad de ganar una guerra entonces: ¿por qué la guerrilla tiene que negociar y está negociando? No es solo por golpes militares, el ejército colombiano tiene 300 mil hombres,  100  mil de los mejores profesionales de América (como dato curioso se puede agregar que el grupo de Colombia ha ganado las competencias de grupos militares de América). Hoy en día se tiene que el Ejército Nacional ha crecido en cantidad y en calidad. La guerrilla no tiene bases obreras, no le queda otra salida: tiene que negociar.

El único factor de producción importante de la arruinada agricultura colombiana es la droga pero no tiene el peso que tuvo el café por más de 100 años, tampoco cuenta con bases rurales, entonces con la economía debilitada la guerrilla no logra penetración sería, excepto en las regiones que controla directamente pero esas regiones son muy pequeñas.

Se puede afirmar entonces que la negociación de la habana tiene posibilidades de un 70% positivo, nada más basta agregar que la idea de que la guerrilla en Colombia no tiene objeto lo ha dicho hace más de 40 años Fidel castro mismo, políticamente Los socialismos democráticos años después del abandono de las armas han logrado un pequeño y moderado socialismo, entonces se deduce que si la guerrilla no negocia se suicida, por otra parte la clase dirigente colombiana que cometió el error de matarse entre si esta urgida también de la negociación.

Hace muy poco 100 industriales del país encabezados por el doctor Sarmiento (el hombre más adinerado del país), quien controla 80 mil millones de dólares, se alinearon con el presidente Santos para aclarar que se necesitaba negociar, de esta forma  los intereses económicos se vinculan a la negociación, de ahí que el Ex presidente y senador  Uribe perdiera el capital industrial financiero y  aunque se conservan grupos vinculados a la vieja estructura del campo en la ciudad la clase media también apoya a Uribe pero en la estructura del capitalismo colombiano Uribe no presenta ni un 10 % – entonces se tiene que al doctor Uribe lo respetan pero no lo siguen.

Los factores reales de poder de Ferdinand Lasalle, el capital en el ejército y las fuerzas productivas están alineados con la negociación. Pero el ala disidente está fuera de la competencia en la etapa más crucial que son los próximos años, la negociación de la habana representa una posibilidad de 7 en una escala de uno a 10 dejando claro que las perspectivas de negociación son muy buenas, a su vez  el postconflicto se va a resolver en que todas la fuerzas económicas y políticas incluidas las de izquierda se alinearán para destruir los factores que subsisten como las BACRIM.

En este momento las bandas criminales proliferan solo porque el enemigo principal son las guerrillas, no ellas, cuando todos se decidan por la paz y los 500 mil hombres del estado se dediquen a perseguir a las BACRIM, se acabarán esas bandas y habrá finalmente un estado de paz.

EL CONFLICTO ACTUAL

En este momento el 75% de las exportaciones de Colombia no son de origen rural, las exportaciones  son petróleo, carbón y oro sumado con lo industrial el 90% de las exportaciones no son rurales, hay que admitir que  el campo fue el motor pero ya no tiene la misma importancia y en consecuencia con los factores políticos y sociales el campo no puede seguir manteniendo el conflicto. Por último cabe anotar que la acumulación del capital está llevando a la destrucción del capitalismo.

Negociamos o no son los polos que hay ahora, si termina la lucha con la guerrilla se descubre una nueva dimensión y problema, la injusta distribución.

Las relaciones entre economía, política y violencia en el caso del conflicto armado colombiano.

Las nuevas guerras implican necesariamente el desmoronamiento total del estado o lo que se ha denominado como estados fallidos, definido como “aquel en el cual el Gobierno no tiene el control real de su territorio, no está considerado como legítimo por una parte importante de la población, no ofrece seguridad interna o servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”.

Uno de los retos explicativos del conflicto armado colombiano es la simultaneidad entre conflicto y construcción del estado. Ya que si bien el conflicto de Colombia tiene en común con otras experiencias el hecho de que se hayan borrado las diferencias entre civiles y combatientes, gran parte de la lucha entre los grupos se explica por el objetivo mutuo de tener control sobre la población civil, lo que implica el aumento de población desplazada interna, de las matanzas y genocidios, es decir, se configura una grave crisis humanitaria, además de que se ha producido una simbiosis entre actores armados y economías ilegales que se expresa en disputas o alianzas por el control de los recursos que ellas proveen. Todo lo anterior no ha implicado la erosión total del estado y las instituciones.

En las guerras actuales hay más de economía global y menos de política y consideramos que en el caso del conflicto colombiano se trata de hallar un punto intermedio entre las identidades políticas y los intereses económicos de los actores armados. Consideramos que tomar como claves explicativas del conflicto qué tanto éste tiene aún de político y qué tanto tiene ahora de económico, o entre su carácter “político-colectivo” por oposición a su carácter “privado-criminal”.

Las guerras civiles los grupos armados recurren al crimen organizado como método de financiación, pero de lo anterior no se puede concluir que el conflicto armado constituya una forma de crimen organizado a gran escala. Al contrario, Gutiérrez y Sánchez afirman que “Contra las corrientes dominantes, esta investigación postula que el conflicto colombiano es actualmente más económico, más criminal y más político.

La dinámica del conflicto armado colombiano ha venido estableciendo entre economía, política y violencia. Entre ellas destacamos una que toca especialmente a las guerrillas: el fenómeno del secuestro. Éste “constituye el símbolo por excelencia de la paradoja guerrillera, que se reclama portadora de un proyecto emancipador (contra la alienación) y que al mismo tiempo reduce el cuerpo de sus víctimas a una envilecida mercancía capitalista”. Por el contrario, los paramilitares, no obstante su génesis en la delincuencia común, parecían privilegiar el secuestro por razones políticas y en menor medida por razones financieras.

El proceso de inserción de los grupos armados en la economía de las drogas les ha permitido, simple y claramente, la obtención de mayores recursos, lo cual, por ende, habría posibilitado el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar, ya que, al lado de ese objetivo, también siguen jugando los “deseos” y los “modelos” de sociedad que los grupos armados quieren imponer a la sociedad colombiana en el orden cultural y político.

En relación con el conflicto armado colombiano es necesario tener en cuenta que la globalización, si bien afectó la acción del estado, restándole autonomía, de igual modo ha afectado la lógica interna de los grupos armados que han logrado articularse a redes transnacionales. Sin embargo, lo anterior no ha impedido que en las guerrillas, los paramilitares y las organizaciones de narcotraficantes, simultáneamente a la inserción en la globalización, también se haya verificado el proceso contrario, en la medida en que se “enquistaron en nichos locales que son el núcleo duro de su poder”

 

Los jóvenes se constituyen en una población altamente vulnerable, con gran tendencia a ser reclutada o a alistarse en los ejércitos irregulares a partir de la atracción que ejercen sobre ellos los valores de la sociedad de consumo. Lo anterior explica el éxito relativo que los actores armados han tenido en el masivo reclutamiento de los jóvenes rurales, de los jóvenes urbanos de las ciudades intermedias y de los jóvenes marginados de las grandes ciudades, que no solamente se puede relacionar con el reclutamiento forzado.

Procesos de paz en el siglo XXI.

Se ha pasado de una situación de guerra en la primera década de este siglo a una fase de post acuerdo en la cual persisten conflictos armados focalizados subregionales y violencias redefinidas. Si se compara la situación actual con la de antes de las negociaciones de paz o antes de 2017, se observa que han disminuido todos los indicadores de agresión y muerte por violación de las normas del DIH. El número total de víctimas al año ha caído de 540.000 en 2008 a 280.00 en 2014 y a menos de 100.000 en el 2020. Los homicidios de persona protegida en razón del conflicto armado han caído a menos de 1000 personas al año desde 2016 y en los últimos años a menos de 600. Desde 2017 a 2020 se ha registrado un aumento del asesinato de líderes, excombatientes y personas defensoras de la paz, aumento de agresiones y desplazamiento masivo que no tienen el nivel de antes del acuerdo de paz pero que en todo caso constituyen una amenaza para su implementación.

En la nueva situación la inmensa mayoría de la población colombiana rechaza la guerra y el uso de las armas para afrontar conflictos políticos o disputas por negocios legales o ilegales. Es un hecho relevante que la reducción de la confrontación bélica ha facilitado un proceso pacífico de recomposición social y política con reemergencia de grandes movilizaciones reivindicativas, por la paz, la democracia y transformaciones estructurales como las ocurridas entre 2017 y 2021.

El Acuerdo de Paz está vigente a pesar de la implementación parcial, de la oposición guerrerista que ha manipulado para frenarlo, desvirtuarlo, minimizarlo o sustituirlo. En medio de una transición traumática ese acuerdo sigue vivo en tanto programa hacia la paz y porque se avanzó en la formalización constitucional y legal durante el fast track y con pocas pero importantes iniciativas en los últimos tres años como la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de las circunscripciones electorales que intentaron sabotear desde el gobierno; se llevó a cabo la dejación de armas y el cumplimiento de la reincorporación modificó de manera irreversible y con impacto histórico la situación de guerras en Colombia y abrió el camino a la transición al postconflicto; desde un ejercicio participativo se mantiene la presión para el cumplimiento de planes de desarrollo territorial y se ha puesto en marcha el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y sus pilares.

Hay que destacar como un logro clave que la implementación del acuerdo final de paz cuenta con excepcional respaldo internacional encabezado por las NNUU y su consejo de seguridad y por países del mundo que colaboran activamente para la transición al postconflicto.

¿Cuáles son las principales fallas en la implementación del Acuerdo de Paz en estos 5 años?

La primera falla se desprende del pacto realizado con el uribismo por parte de sectores que habían apoyado el Acuerdo del Colón y pasaron a promover la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta de las presidenciales en 2018. Ese pacto se basó en la prioridad que dieron desde Cambio Radical, Partido de la U y el oficialismo liberal a la tarea de atajar al candidato del centro izquierda a riesgo de la sustitución del texto del Acuerdo. Sin ese respaldo de última hora no habría triunfado Iván Duque ni se habría impuesto lo que la nueva administración llamó Paz con Legalidad que significa un recorte al acuerdo del Colón en los contenidos de ampliación democrática y reformas sociales y rurales, tal como se consagró en el Plan de Desarrollo 2018 – 2026.

 En desarrollo de ese nuevo pacto del régimen se han bloqueado transformaciones centrales de lo acordado como reforma rural integral, no se ha cumplido con la entrega de tierras, ni con la aprobación de las zonas de reserva campesina, ni con el fortalecimiento de la economía campesina y étnica; estas y otras falencias, incluidas las asimetrías en el manejo de la pandemia y la crisis generalizada,  se reflejan en que en estos 5 años no hay mejoría en los indicadores de desarrollo humano en las zonas más impactadas por la historia de violencias y guerras.

 En la misma dinámica de incumplimiento se congeló y desvirtuó el programa de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y se dio prioridad a relanzar la guerra al narcotráfico y la erradicación forzada militar. En el conjunto de la política sobre drogas se ha dejado de lado la necesidad de un nuevo enfoque y por el contrario se ha permitido que se reproduzca el narcotráfico con expansión del tráfico, el lavado de activos y la persistencia de la incidencia de sus redes en muchos niveles de la política y del Estado.

 Además, se mantuvo la estigmatización desde la cúpula del partido de gobierno que mantiene la oposición a la justicia transicional y a lo central del acuerdo calificado por ellos como ilegítimo. La oposición a las reformas de ampliación democrática ha sido permanente desde el gobierno, como se vio en el bloqueo por dos años a la circunscripción especial para la paz, en la negativa al trámite de la reforma política y electoral de desmonte del clientelismo y la corrupción. El capítulo étnico del Acuerdo del Colón sigue sin resultados significativos y lo relativo al enfoque de género avanza sólo en la fase de concertación de políticas.

 Las garantías de seguridad para el ejercicio político y la construcción de paz con pleno respeto a los derechos humanos no han contado con las políticas y planes de acción con la capacidad suficiente para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes en proceso de reincorporación. La no implementación integral del acuerdo de paz ha permitido la recomposición de grupos armados con impacto reiterado en 250 municipios, la persistencia del paramilitarismo y de los métodos violentos de apropiación de riquezas, rentas ilícitas y poderes en zonas en disputa.

¿Pero la persistencia de confrontaciones armadas, violencias y asesinatos no indican el fracaso de la paz y el regreso o continuidad de la guerra?

Los logros y dificultades en estos 5 años de transición traumática no significan ni el fracaso del acuerdo de paz ni el retorno de otro ciclo de guerra. Colombia está en una encrucijada en la que lo dominante es la oportunidad de pasar a una etapa histórica sin guerra, ni conflictos armados por insurgencia y contrainsurgencia. En estos años se han fortalecido más las fuerzas propaz y contra la solución militar, en medio de grandes contradicciones y presiones desde sectores de ultra derecha que fueron hegemónicos en la contrainsurgencia y el paramilitarismo y continúan con influencia en la cúpula del poder económico y político. Encuestas, resultados electorales y dinámicas de movilización y protesta de millones de colombianos defensores de la paz muestran que hoy pesa más la posibilidad de la paz que el regreso a la guerra.

 Hay que tener en cuenta que con el acuerdo de paz se lograron compromisos de Estado para promover transformaciones hacia el postconflicto, pero el camino de la transición ha sido de nuevas conflictividades y ejecuciones parciales en la implementación de los acuerdos. Las causas estructurales de la violencia no han sido superadas y se reciclan en lo local y en poderes nacionales.

 La violencia armada persiste en subregiones en las cuales se enfrentan poderes por el control territorial, poblacional, de rentas legales e ilegales y por megaproyectos. Lo nuevo en esas subregiones después del acuerdo ha sido la emergencia y fortalecimiento de poderes comunitarios que entraron a ejercer funciones de control y defensa del territorio en choque con poderes armados, mafiosos, económicos, políticos.

 La reorganización violenta en cerca de 300 municipios ha estado relacionada con la disputa entre esos poderes que lleva a graves agresiones contra la población cuando entran en choque por el control territorial nuevos actores armados ilegales o legales. Esas disputas armadas se dirigen contra el poder comunitario y étnico, conllevan enfrentamientos oscilatorios entre grupos ilegales narcoparas, disidentes o residuales de las FARC, con el ELN y también con las operaciones de las fuerzas armadas del Estado. La inestabilidad con graves hechos de violencia se prolonga en tanto no se impone un poder sobre los otros y puede pasar por momentos de arreglos territoriales y económicos entre violentos, de hegemonía estatal o de nuevas inestabilidades y escalamientos de violencias. En esa dinámica no lineal inestable se pueden presentar relevos de situaciones críticas entre regiones, con disminución de agresiones y asesinatos en unas como ocurre en Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo en 2021 comparado con el año anterior, y con nuevas expresiones de violencia como el ascenso del desplazamiento forzado en el Chocó, Nariño y la frontera con Venezuela.

 La ausencia de programas integrales de desarrollo, democracia, bienestar, la omisión desde el Estado, la no implementación efectiva de los acuerdos de paz y la imposición de nuevas estrategias gubernamentales de guerra son factores decisivos para la persistencia de violencias.

¿Cuáles son los retos más importantes para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz?

Entre esos retos para la implementación del Acuerdo sobresale la necesidad de reestablecer el consenso político para su implementación integral en sus seis componentes y sus enfoques étnico y de género, logrando que se convierta efectivamente en eje de realización del programa de los gobiernos entre 2022 y 2030, con recursos extraordinarios en los planes de desarrollo y presupuestos plurianuales.

 Además, como se ha señalado al hablar de fallas, se requiere poner en marcha reformas clave que incluyen entrega efectiva de 3 millones de hectáreas a los campesinos y pueblos étnicos en los dos próximos gobiernos, trámite de las Zonas de Reserva Campesina y de soberanía agroalimentaria; revisar los PDETs y las llamadas zonas futuro para garantizar la puesta en marcha de planes de desarrollo territorial cogestionados con las comunidades en las zonas con mayores impactos de violencia armada; planes de ordenamiento territorial ambiental y de uso de los territorios; cumplimiento de los mandatos del capítulo étnico garantizando los derechos territoriales, la autonomía y jurisdicciones especiales, el consentimiento previo y la objeción cultural; puesta en marcha de buena fe de la política sobre drogas y sustitución definida en el punto 4; reforma política y electoral para desarticular al clientelismo, la corrupción y el corporativismo en el Estado; desmantelamiento del narcoparamilitarismo, del complejo paramilitar y de conductas criminales contra la paz, adoptando políticas y planes de garantías de seguridad, avance efectivo en la reparación a las víctimas y en la reincorporación.

 Se ha destacado la necesidad de que funcionen efectivamente las instancias de coordinación, seguimiento y formulación de políticas y planes creadas por el acuerdo, entre las cuales están las de género y étnica, la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, las entidades encargadas de coordinar la reincorporación y la protección, el Sistema de Alertas Tempranas, las coordinaciones participativas de los planes de desarrollo territorial y del PNIS.

 La grave situación de violencia en muchas regiones sustenta el llamado urgente a garantizar la vida, integridad y derechos a los líderes y lideresas sociales, de las personas defensoras de DD.HH. excombatientes en proceso de reincorporación, de comunidades y colectivos que defienden sus derechos y trabajan por la democracia y la paz.

Todos estos retos podrán asumirse en la medida en que se multiplique la movilización, organización y participación social y política para la ampliación de la democracia y de transformaciones que permitan un salto en equidad, bienestar social, no violencia y vigencia de los derechos humanos.

Por lo demás, la implementación del acuerdo del Colón reclama reafirmar las obligaciones del Estado y de la sociedad en la realización del derecho a la paz que incluye el impulso de las soluciones políticas a los conflictos con grupos insurgentes como el ELN, con otros menores y con el guerrerismo de ultra derecha.

Bandas criminales armadas en Colombia BACRIM.

Después del proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia adelantado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo de gobierno, a través de la Ley de Justicia y Paz, se dio el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, denominados por organismos de inteligencia policiales y militares como Bandas Criminales Emergentes Bacrim, las cuales se entienden como organizaciones significativamente armadas que surgen de la dinámica posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia.

Las Bacrim desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos, igualmente con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de delimitación de áreas de influencia específicas de coacción e intimidación unilateral sobre terceros, con el propósito de mantener las condiciones necesarias para continuar sus actividades delictivas. Como lo señala la Comisión Nacional de Reparación y conciliación. Estas agrupaciones cuentan en el interior de sus filas con personas vinculadas a la delincuencia común, como mandos medios y combatientes rasos desmovilizados o no de las autodefensas.

El surgimiento de estas bandas con ánimo de lucro, se vio beneficiado gracias a los vacíos de poder generados por la desmovilización de las AUC, permitiendo asi su crecimiento y proliferación en diferentes zonas del país. Frente a este panorama, el número de nuevas bandas criminales aumentó de tal forma, que para el año del 2008 hacia presencia en 19 departamentos. Entre las zonas más afectadas se encuentran la zona caribe del país (Atlántico, Guajira, Cesar, Magdalena y Norte de Santander), la zona del Pacifico y Norte del Valle (Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y parte de Putumayo)., la zona de los Llanos Orientales (Guaviare, Meta y Vichada) y la última, comprendida por los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar y Magdalena Medio.

Es importante anotar que en la actualidad, los grupos más numerosos han cooptado a los más pequeños y en últimas han terminado absorbiéndolos, dejando así pocas bandas criminales de esta naturaleza.

La experiencia ha demostrado que después de que un grupo deja las armas, es muy común que otros tomen su lugar para controlar el territorio, que en la mayoría de los casos tenía actividades ilegales que permiten su sostenimiento económico. Entre 2003 y 2006, con la desmovilización de las AUC, que ocuparon, según el CERAC, 711 municipios de Colombia antes de su desmovilización, el Gobierno identificó cuatro regiones en las que se confirmó la existencia de nuevos grupos alzados en armas: en la Costa Atlántica, El Catatumbo, El Pacífico y Los Llanos Orientales.

Estos “nuevos grupos armados” se denominaron “bandas criminales”, y serían tratados como estructuras de crimen organizado.

Casi todos los rincones de Colombia, por la histórica ausencia del Estado, han sido aprovechados por los grupos armados ilegales. Allí, también, las personas han tenido que encontrar sus propias formas de resistir a la violencia de la que han sido víctima, y también han hecho acciones de memoria para que, conforme avanzan y cambian las dinámicas del conflicto, los hechos violentos no se vuelvan a repetir. Son ellos quienes más están en riesgo.

Actualmente en Colombia existen nombres de bandas criminales como las Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (Fiac), la Constru, los Sotos, los Pachenca, los Giraldo, los Botalones, la Empresa o Cordillera. Estas son las bandas criminales emergentes que la mayoría de los colombianos no conocen.

Estas bandas, de bajo perfil, regadas por todo el territorio colombiano están en la mira de las autoridades. La ola de expansión de las BACRIM está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la explotación ilegal de oro. El avance de estos grupos hacia algunas zonas donde antes no tenían presencia significativa, y a donde han llegado a disputarle el territorio a las Farc y el Eln, lo que deja a las poblaciones en alta situación de vulnerabilidad. Hay cuatro departamentos: Bolívar, Chocó, Cundinamarca y Santander donde se ha incrementado su presencia. En el Chocó, el accionar de estas bandas ya ha ocasionado el desplazamiento de 3.311 indígenas de la etnia Emberá, quienes han debido abandonar sus tierras debido a los enfrentamientos armados entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln en la zona del Medio y el alto Baudó.

En estas regiones los jóvenes son los más afectados y comienzan a perder la esperanza. De hecho se intenta llevar una estadística sobre un tema sensible, como es el reclutamiento forzado de menores, pero el común denominador es que la comunidad no quiere denunciar muchos hechos.

 “Los paras nunca se fueron”. La frase le sale nerviosa a un joven desplazado en Quibdó, refiriéndose a las acciones de las bandas criminales. El muchacho llegó del Bajo Baudó hace siete meses y se suma a las estadísticas de los ‘sin patria’, como él se hace llamar.

En el Paramillo, en las montañas del municipio de Tierralta, sur de Córdoba, los habitantes se apropiaron del término reciclaje, para bautizar a los violentos que cambiando de bando ahora se mueven entre ‘los Urabeños’ o el famoso ‘clan Úsuga’. Se refieren a las bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares en 2006.

El último y más fresco reporte del miedo que se respira en varias regiones colombianas es el de Barbacoas, Nariño, donde 15.000 habitantes le temen a ‘los Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas’, que intentan afincarse en los ríos Patía, Magüí y Telembí, por donde se pasean las guerrillas de las Farc y el ELN. Con la llegada de esta banda se han triplicado los asesinatos en Barbacoas.

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que durante todo el 2013, de acuerdo con Medicina Legal, hubo 8 homicidios en ese municipio. Pero ahora, en sólo un semestre de 2014, esa cifra alcanzó las 24 personas muertas. La presencia de este grupo armado ilegal, dice la Defensoría, tiene como objetivo disputarle el control a la guerrilla, en sitios clave para transporte y movimiento del narcotráfico.

A través de cuatro cartas dirigidas al Ejército, la Policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención sobre la expansión de bandas hacia Chocó y Nariño, en donde los crímenes y el desplazamiento no cesan.

Según este organismo, las bandas criminales ya se han asentado en 168 de los 1.098 municipios del país. Pareciera que la cifra no es considerable, pero esos municipios están distribuidos en 27 de los 32 departamentos que hay en Colombia. LINK

“Existe una alta posibilidad de que se presenten amenazas de muerte, agresiones físicas, torturas, homicidios y extorsiones” en estas regiones, advierte la Defensoría en las cartas dirigidas al Gobierno y las Fuerzas militares.

Las Bacrim buscan su expansión

‘Los Urabeños’ es el grupo que más mancha el territorio colombiano y en segundo lugar ‘los Rastrojos’. Un estudio de la organización Insight Crime precisa que “son la combinación perfecta del crimen organizado colombiano por ser los únicos en abarcar tres generaciones con experiencia criminal”. El hombre duro de la estructura es Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

La ola de expansión de ‘los Urabeños’ está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la explotación ilegal de oro. Además, el funcionario advirtió que las acciones del Estado lucen tibias cuando se observa cómo se han disparado el desplazamiento, las desapariciones forzadas y las amenazas a la población civil.

‘Los Urabeños están en 20 de los 27 departamentos donde hay Bacrim identificadas y en muchas de esas regiones se disputan el poder con ‘los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’ simultáneamente. Esto es el 15 % de los 1.096 municipios de Colombia.

Es decir, que en el 85 % del territorio no hay presencia de bandas criminales, dato que es muy cercano al reportado en el 2013 por el Ministerio de Defensa en su documento ‘Cifras y hechos de la estrategia general de seguridad".

Sin embargo, la Defensoría se ha mostrado preocupada por el avance de estos grupos hacia algunas zonas donde antes no tenían presencia significativa, y a donde han llegado a disputarle el territorio a las Farc y el Eln, lo que deja a las poblaciones en alta situación de vulnerabilidad. Hay cuatro departamentos: Bolívar, Chocó, Cundinamarca y Santander, en los que hacen presencia al mismo tiempo tres bandas criminales.

En el Chocó, el accionar de estas bandas ya ha ocasionado el desplazamiento de 3.311 indígenas de la etnia Emberá, quienes han debido abandonar sus tierras debido a los enfrentamientos armados entre las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y el Eln en las zonas del Medio y Alto Baudó.

En estas regiones los jóvenes son los más afectados y comienzan a perder la esperanza. De hecho se intenta llevar una estadística sobre un tema sensible, como es el reclutamiento forzado de menores, pero el común denominador es que la comunidad no quiere denunciar muchos hechos.

Además del Eln, las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los Puntilleros’, conocidos como Grupos Armados Organizados (GAO) y contra los cuales el Estado puede usar incluso los bombardeos, en el país hay otras 19 estructuras delincuenciales menos conocidas, pero consideradas como una amenaza para la seguridad.

Y uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es que 10 de esas organizaciones están en Medellín y el valle de Aburrá, Antioquia. No en vano el índice de homicidios no cede en la capital antioqueña. En esta ciudad, según el análisis de inteligencia, hay dos redes que generan los mayores focos de violencia en su pelea por el control territorial para el tráfico de droga y extorsiones. Además, están provocando desplazamientos forzados intraurbanos.

La primera de esas redes es ‘la Terraza’; La segunda es ‘Robledo’, esta banda tiene incidencia en los barrios Robledo y San Javier y en el corregimiento de San Cristóbal. En el área metropolitana de Medellín, o valle de Aburrá, hay redes criminales que han logrado sobrevivir durante años, como la banda ‘Pachelly’, que lleva 25 años cometiendo homicidios y tiene presencia en el municipio de Bello.

Bandas en el pacífico y el Caribe: Por ejemplo, ‘Banda Local’ hace presencia en Buenaventura, Valle.

En la costa Caribe están ‘los Pachenca’, que azotan con la extorsión y manejan el narcotráfico en Santa Marta y su zona rural.

En Barranquilla, Atlántico, actúan ‘los Costeños’, cuyos tentáculos se extienden a cinco municipios. Esta banda mata gente por encargo. Todos estos grupos se han convertido en verdaderos problemas para la seguridad ciudadana y, por eso, la captura de sus cabecillas es uno de los principales objetivos de las autoridades.

En el Caquetá: Las más notorias eran ‘los Caqueteños’, ubicados en Leticia, Amazonas. ‘los Caqueteños’ hay alerta porque estarían intentando reorganizarse para traficar cocaína por la frontera con Brasil y Perú.

 En Manizales ‘los de la Montaña’, que delinquían en Manizales y Villamaría, Caldas.

Los hijos de Isaza: Dos de los hijos del ex paramilitar Ramón Isaza, alias el Viejo, quien fue jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, conformaron el ‘clan del Norte’, con acción en el suroriente antioqueño, según el informe de inteligencia.

Buscan controlar franquicias que otorgaron a pequeñas redes para manejar laboratorios de cocaína.

Los rastrojos: en Norte de Santander se ubicó una facción de ‘los Rastrojos’, firmaron una alianza con ‘los Pelusos’ para apoyarlos en la guerra territorial que libran con el Eln hace más de un año por el control de la frontera con Venezuela para el envío de cocaína a través de las pistas clandestinas ubicadas en el estado Zulia.

Los caparrapos: por su peligrosidad y porque han logrado expandirse a varias zonas del país, el Gobierno estudia darle la connotación de Grupo Armado Organizado (GAO) a ‘los Caparrapos’, una disidencia del ‘clan del Golfo’, con hombres dedicados al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Su zona de injerencia es el bajo Cauca antioqueño.

La paz no será posible si el Estado no está fortalecido en el territorio garantizando que, sin importar las diferencias de pensamiento, la ideología política, el sexo, la identidad religiosa o racial, se respete la vida por encima de todo, y se usen mecanismos democráticos para solucionar las diferencias. El último día de la guerra está lejos de ser el último día de violencia. Sin embargo, es bueno empezar esta etapa de paz, conscientes de los retos que hay por delante. Son muchos y es una responsabilidad de todos la guerra sea un asunto del pasado.

Internacionalización del conflicto armado colombiano.

Colombia ha asistido a un debate controversial acerca de la forma como se deben involucrar algunos actores internacionales interesados en la paz. Paralelamente, los vínculos de los grupos armados al margen de la ley con el narcotráfico, y los eventuales contactos con otros Estados y organizaciones sociales en el exterior, han tenido un impacto directo sobre el proceso de internacionalización del conflicto colombiano.     A pesar de la dificultad en la categorización del conflicto, queda en evidencia que desde la década de los noventa las sucesivas administraciones han diseñado una estrategia de internacionalización. Sin embargo, cada una ha tenido distintos enfoques. A esto es necesario añadir, una proyección internacional de las FARC y la participación activa de la comunidad internacional que le han dado un matiz al proceso de internacionalización.  A la luz de estos hechos, es necesario reflexionar acerca de la forma como se ha internacionalizado el conflicto colombiano y los efectos de este proceso sobre la evolución no sólo del conflicto sino de la imagen de Colombia ante el mundo. 

La incipiente internacionalización: Ernesto Samper y el DIH.

Pardo y Carvajal sostienen que los primeros pasos hacia la internacionalización del conflicto colombiano se dieron con la administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)6. Las manifestaciones más claras en este sentido, tienen que ver con la ratificación del Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conflictos armados no internacionales. Desde la ratificación de los tratados constitutivos del DIH, el tema de la humanización7 de la guerra ha cobrado fuerza, aunque su interpretación ha generado polémicas acerca del compromiso de los actores armados ilegales frente a dichos acuerdos.   

Asimismo, se estableció una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se firmaron acuerdos con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de facilitar su labor en el conflicto colombiano.  Sin embargo, para algunos la internacionalización del conflicto emprendida por la administración Samper, fue tan sólo una manera de combatir el aislamiento internacional de Colombia, ante los escándalos provocados por los nexos entre el narcotráfico y la campaña presidencial.  

Andrés Pastrana y la Diplomacia por la Paz.

En el cuatrienio de Andrés Pastrana (1998-2002), la prioridad radicaba en la firma de acuerdos de paz con los grupos insurgentes. Desde su campaña, el candidato insistía en la necesidad de involucrar a la comunidad internacional en un eventual posconflicto, por lo que propuso una especie de Plan Marshall. En este sentido, el político conservador resaltó la importancia del compromiso adquirido por Estados Unidos en la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En esta vía, Pastrana planteó un plan análogo que se adaptara al contexto colombiano.

A partir de esas reflexiones, propuso el Plan Colombia que terminó por establecer un proyecto cuya prioridad era la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento del Estado, como consecuencia de las modificaciones hechas por la presión estadounidense. Esto explica, la diferencia entre la primera versión del Plan y la que finalmente se aprobó. Frente a este nuevo panorama, la Unión Europea decidió abstenerse de participar en el Plan Colombia, ya que su contenido se apartaba de una vocación social imprescindible para el posconflicto.

A la luz de estos hechos, el Parlamento Europeo criticó el Plan Colombia a través de una declaración oficial en febrero de 2001, del siguiente tenor: “[La Unión Europea] constata que el Plan Colombia entraña aspectos contrarios a las estrategias de cooperación y a los proyectos en los cuales la UE está comprometida”.  

La distancia que tomó la Unión Europea frente al Plan Colombia, deja en evidencia la falta de una estrategia  adecuada de internacionalización. Para que dicho proceso sea exitoso no basta con contar con el apoyo de Estados Unidos, es necesario incluir a otros actores de la comunidad internacional en el diseño de lo que en ese entonces era el principal proyecto para el posconflicto en Colombia.   Sin embargo, la participación de la comunidad internacional continuó, y se crearon dos grupos de países para el seguimiento de los procesos de negociación con las FARC y el ELN.  Aunque en un principio los Estados Unidos acompañaron el proceso de paz con el primero, el asesinato de tres antropólogos de ese país ocurrido a finales de 1999, puso fin al apoyo estadounidense.  

A pesar de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, los resultados fueron desconcertantes. De un lado, los diálogos con el ELN entraron en una dilatación que minó la credibilidad de las negociaciones frente a la opinión pública. De otro, el proceso con las FARC terminó aparatosamente en febrero de 2002, tras el secuestro del senador colombiano Jorge Gechem.  

Durante la internacionalización emprendida por el gobierno Pastrana varias debilidades quedaron en evidencia. Particularmente, sobresalió la ausencia de mecanismos claros de verificación de los acuerdos entre guerrillas y gobierno con la participación de los países amigos. De igual forma, el acento militar del Plan Colombia alejó a los europeos de uno de los escenarios más importantes para involucrar a la comunidad internacional en el posconflicto. 

Ahora bien, cabe anotar que buena parte de los recursos con los que cuenta actualmente el Estado colombiano en la ejecución de la política de la Seguridad Democrática provienen de la Diplomacia por la Paz de Andrés Pastrana, cuyo máximo logro fue la obtención de importantes recursos para la erradicación de cultivos de uso ilícito, la promoción del desarrollo alternativo y la modernización de la Fuerza Pública, entre otros.     

La diplomacia como instrumento de aislamiento a los grupos armados ilegales: Álvaro Uribe y la Seguridad Democrática

Habida cuenta de estos sucesos, la llegada de Álvaro Uribe Vélez (2002) a la presidencia fue asumida como una enérgica respuesta a la ausencia de resultados concretos en los diálogos de paz de Pastrana. Si bien en un principio, el presidente buscó  los buenos oficios9 por parte del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, este escenario fue rechazado por las FARC, quienes consideraban inútil la intervención de dicha organización en otros conflictos.

A partir de ese momento, el presidente Uribe emprendió una cruzada internacional con el fin de aislar diplomáticamente a las FARC, insertando a Colombia en la llamada “guerra global contra el terrorismo” en cabeza de los Estados Unidos. En este contexto, una de las decisiones políticas más controvertidas del gobierno colombiano, tiene que ver con la negativa a reconocer la existencia de un conflicto armado. Para muchos, esto dificulta la aplicación del DIH en tanto que al no existir conflicto, las razones para la aplicación de esta normativa pueden relativizarse.  De otro lado, la situación actual deja en claro la divergencia de posiciones y argumentos de las partes frente al reconocimiento mutuo, el acuerdo humanitario y el papel de la comunidad internacional. En suma, tanto el gobierno como las FARC se han descalificado progresivamente entre sí y no existe un diálogo directo que permita confrontar sus argumentos.

Frente al acuerdo humanitario, el gobierno consideró la posibilidad de una facilitación por parte del presidente Hugo Chávez para lograr la liberación de los secuestrados en poder de las FARC. Sin embargo, la participación venezolana se vio interrumpida por las dudas del gobierno colombiano acerca de las afinidades entre las FARC y Caracas. El punto final de una larga serie de incidentes entre ambos Estados fue la llamada del presidente Chávez al comandante del ejército colombiano, calificada por Bogotá como una injerencia.

Es menester recordar que las tensiones entre Colombia y Venezuela comenzaron en 2000 ante la declaratoria de neutralidad de este último frente al conflicto colombiano10. Recientemente, las alocuciones del primer mandatario venezolano aceptando la legitimidad de la lucha de las FARC han empeorado la situación. Empero, esto le valió el reconocimiento por parte del grupo armado como interlocutor válido para una negociación, en detrimento de la posible mediación de la iglesia católica y de España acusados por los insurgentes de tomar partido a favor del gobierno colombiano.

La crisis diplomática y la redefinición de la internacionalización del conflicto    La crisis entre Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela desencadenada por el abatimiento de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano podrían fortalecer el discurso colombiano relacionado con la guerra global contra el terrorismo con el fin de involucrar a los vecinos inmediatos en el asedio contra las FARC.  Bajo esta perspectiva, la Resolución 1373/01 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría ser el principal derrotero jurídico del Estado colombiano. En ella se insta a los gobiernos del mundo a abstenerse de apoyar directa o indirectamente a los grupos calificados como terroristas. Cabe anotar que resulta imperante la redefinición de la estrategia para internacionalizar el conflicto, con el fin de evitar un aislamiento diplomático y un escalamiento de la crisis. 

La comunidad internacional y la internacionalización del conflicto.

Las posiciones de la comunidad internacional frente al conflicto colombiano han variado, esencialmente a la luz de dos razones. 

De un lado, las posturas del Estado colombiano han carecido de constancia para calificar a los grupos armados al margen de la ley. Simultáneamente, las posiciones frente al vínculo entre el narcotráfico y el conflicto tampoco lo han sido. Por ejemplo, al inicio de la administración Pastrana, se hizo hincapié en la diferencia entre el tráfico de narcóticos y el conflicto armado. Sin embargo, al final del mandato se refería a ambos como indisociables. 

Por otro lado, existen diversos intereses y enfoques de la comunidad internacional en Colombia. Sobresale el contraste entre la percepción estadounidense y la europea. En el caso del primero, los esfuerzos se concentran en atacar las manifestaciones más visibles del conflicto y en insertarlo dentro de la guerra global contra el terrorismo.

En lo que tiene que ver con el segundo, su cooperación está más orientada a soluciones estructurales, es decir al mejoramiento integral de las condiciones socio-económicas de los colombianos más marginados.   

La posición de Europa.

 Para el caso europeo no se puede hablar de una sola voz frente al conflicto armado colombiano. Si bien la organización ha asumido posiciones que representan al bloque, el interés de algunos países está condicionado por circunstancias especiales, como en el caso francés. 

 En cuanto a la posición de la UE, cabe recordar que en 2002, ante el rompimiento de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las FARC, Bruselas decidió incluir a este grupo insurgente dentro de la lista de organizaciones terroristas11. Este mecanismo de lucha contra el flagelo del terrorismo fue adoptado luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y es sometido a una revisión semestral12.  De la misma forma, es necesario mencionar el apoyo que hasta ese momento recibían las FARC por parte de algunos partidos políticos y organizaciones sociales en diferentes países europeos13. Gracias a esto, el grupo contaba con espacios en algunos círculos de la política europea. Aunque la decisión de la UE de catalogar a las FARC como terroristas les cerró buena parte de estos escenarios, algunos grupos sociales las respaldan en países como Bélgica, Dinamarca y Suecia.

 Habida cuenta de esta situación, durante su visita a Bruselas en septiembre de 2007, el canciller Fernando Araujo denunció públicamente que los países europeos seguían haciendo concesiones ideológicas a la guerrilla.

 A esta situación se sumó el hecho de que los europeos comenzaron a verse afectados por el accionar de estos grupos. Un ejemplo de ello ha sido el secuestro de Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa que lleva más de seis años en cautiverio. Asimismo, se evidencia el caso de una joven holandesa que ingresó en las filas de la guerrilla y quien a través de un diario personal manifestó que se había convertido en una secuestrada del grupo insurgente. 

 El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, fue incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea en abril de 2004. El hecho confirmó que la guerra contra el terrorismo había causado un efecto directo en Europa. Es prudente recordar, que un mes antes de reconocer al ELN como terrorista, se había presentado el atentado contra el Metro de Madrid por parte de la red Al Qaeda. 

 En la última gira del primer mandatario colombiano a Europa, éste recibió muestras de solidaridad en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, es preciso aclarar que este apoyo no ha sido irrestricto tomando en consideración algunas de las posturas de la UE frente a los DDHH en Colombia. En esta dirección, se debe recordar que varios enfrentamientos entre Bogotá y Bruselas han tenido lugar. Durante el primer mandato de Uribe se produjo un impasse entre las partes, a raíz de acusaciones por parte del presidente en contra de organizaciones no gubernamentales por supuestos vínculos de éstas con el terrorismo.

 Igualmente, las controversias abiertas entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y el gobierno, no son bien vistas por Europa. 

 Otro de los ejes temáticos de la relación BruselasBogotá en cuanto a la internacionalización del conflicto, lo constituye la ley 795 o de Justicia y Paz para la desmovilización (individual o colectiva) de los grupos insurgentes15. Aunque existe un apoyo por parte del bloque europeo a la iniciativa, está condicionado por la forma en que evolucione la desmovilización, la reparación y la reconciliación, algo que por el momento no está claro y puede entorpecer la relación.      De otro lado, un elemento que ha marcado la relación entre Colombia y Europa, es la posición francesa frente al intercambio humanitario y a la liberación de Ingrid Betancourt. La llegada de Nicolás Sarkozy a la presidencia ha supuesto una ofensiva diplomática para lograr el acuerdo, una de sus promesas de campaña más visibles. El interés de Francia por dicha liberación ha sido un arma de doble filo, tanto para el gobierno colombiano como para las FARC. Para el primero, ha significado una enorme presión en aras de encontrar una salida al acuerdo humanitario sin despejar Florida y Pradera. Para el segundo, se traduce en la posibilidad de condenarse al ostracismo total. En una entrevista concedida a un medio colombiano, el presidente francés afirmó que si Betancourt moría en cautiverio sería responsabilidad total de este grupo16. Esta posición representa un duro revés para el grupo insurgente que esperaba orientar toda la presión internacional hacia la administración Uribe.  

 La posición de los países vecinos.

 Las posiciones de los países del hemisferio frente a las FARC se pueden clasificar en tres grupos. En el primero, se encuentran quienes consideran abiertamente a esta agrupación como una fuerza beligerante. El segundo grupo está compuesto por los países que la catalogan como un grupo terrorista y el tercero, está formado por aquellos que condenan sus acciones violentas y exigen la liberación de los secuestrados, pero prefieren abstenerse de calificarlos.

 En enero de 2008, tras la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el presidente venezolano solicitó a la comunidad internacional retirarle a las FARC el calificativo de terroristas y reconocerles el estatuto de beligerancia. Hasta la fecha, el único país que ha manifestado abiertamente su acuerdo con la posición oficial venezolana es Nicaragua, cuyo presidente declaró a las FARC como “un movimiento armado que tiene un espacio político".

 En el segundo grupo, se encuentra Estados Unidos que ha incluido en su lista de agrupaciones terroristas tanto a las FARC como al ELN. Además, forman parte, Canadá, Chile y Perú quienes recientemente calificaron al primero como terrorista.

 De igual forma, los países centroamericanos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá hicieron declaraciones en ese mismo sentido en 2003, cuando suscribieron junto a Colombia la Declaración de Panamá.18  Por otra parte, Paraguay calificó a Rodrigo Granda, “el canciller” de las FARC, como terrorista al pedir a Colombia su extradición.

 Granda está acusado de asesorar al grupo que secuestró y asesinó a Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas19. El tercer grupo está encabezado por Ecuador, cuya política estatal respecto al conflicto en Colombia se basa en la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y en el rechazo a “la acción de los grupos irregulares colombianos en su territorio”. Igualmente, el vecino país “se abstiene de realizar operaciones conjuntas, coordinadas o combinadas con Colombia”, rehusándose a catalogar expresamente a las FARC como terroristas o fuerza beligerante.  A este grupo pertenecen también, Argentina, Bolivia Brasil, México y Uruguay. Montevideo no ha calificado a las FARC como terroristas ni se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente Chávez. Brasil y Argentina, por su parte, han mantenido una posición oficial histórica de no llamar a las FARC terroristas ni de calificarlas como beligerantes.

 Por su parte, Bolivia  puntualizó a través de su canciller que "por encima de que se declaren o no terroristas, lo más importante [en lo] que deberíamos trabajar todos es cómo ayudar a garantizar la paz en Colombia y en la región"

 Memoria histórica.

La idea de memoria histórica contiene un amplio universo de referencias. En nuestro país, nos traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que vivieron la Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de reconocimiento de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite asimismo a la memoria colectiva y a la forma en que estas personas explican (y se explican) su pasado.

Memoria y resiliencia

Los testimonios de las personas que prestan su memoria para complementar la historia con documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia, de superación de momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite conservarse y hacer coherente su ideología con el contexto en que tuvieron que relacionarse y vivir. Reflejan, por tanto, su capacidad resiliente.

La resiliencia posee dos dimensiones diferentes: por un lado, alude a la capacidad de adaptación y por otro, representa la facultad de resistencia, en este caso conectada a la dureza. La recuperación de la memoria histórica constituye en sí misma un acto de resiliencia que comprende su definición en un sentido amplio, es decir que implica ambas dimensiones, elasticidad y dureza.

Además, se extiende hasta el presente, pues en los relatos encontramos el sentido positivo de haber podido superar una situación extrema para poder contarla y mantener una coherencia vital entre la persona que lo cuenta y la que sobrevivió a la represión.

Trabajar con los recuerdos

Recoger testimonios orales y utilizar la memoria como objeto de estudio comporta, no obstante, algunos inconvenientes asociados a la peculiaridad del vehículo de análisis de los hechos: los recuerdos. Las memorias se pueden borrar, modificar o ampliar, y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo, representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través de una mirada del presente.

De esta forma la memoria es un elemento cargado de subjetividad pero con gran capacidad simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e ideologías.

El relato conjunto que se construye, y en el que cada individuo matiza su experiencia y la dota de peculiaridades, constituye la memoria colectiva ignorada durante décadas en función de la transmisión de una única historia oficial. Los relatos construidos de esta manera son diversos y heterogéneos en lo que respecta a las experiencias vividas, las represiones sufridas y las estrategias adoptadas, pero mantienen un elemento común: todos ellos amplían la historia que conocemos y nos muestran un contexto social que, en muchos casos, desconocíamos.

Esta reconstrucción del relato genera, en numerosas ocasiones, controversias sociales y políticas que demuestran que el conflicto sigue latente en la sociedad. Pero la recuperación de la memoria se construye como una alternativa al silencio, un silencio que en muchos casos impide el recuerdo de vivencias pasadas, el desarrollo de estrategias resilientes comunes y la reorganización del recuerdo colectivo que posibilite la (re)construcción de identidades grupales. La presencia de la memoria significa que se brinda la posibilidad de que los testimonios que son rebatidos o no quieren ser escuchados, puedan expresarse y de que esas voces, tanto tiempo calladas, puedan ser oídas.

La democracia permite echar la vista atrás

Superar el pacto del olvido, por tanto, implica asumir que el consenso social de “olvidar” debe ser sustituido por “recuperar”, así como la aceptación explícita de que el pasado es diferente a cómo lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que no pudieron participar en la construcción de ese discurso deben ser tenidos en consideración.

La democracia ha alcanzado hoy en día un grado de madurez que permite abordar este objetivo. Reconocer una parte de la historia negada, olvidada o silenciada, implica también significar a aquellos que sufrieron sin ser reconocidos o fueron estigmatizados sin poder restaurar, aunque fuera de manera simbólica, su dignidad o la de sus antepasados.

Pese a que pueda parecer inconveniente recuperar un conflicto que no afectó directamente a muchos de los que hoy conforman la sociedad, la recuperación de la memoria histórica puede facilitar una mayor cohesión social. Escuchar todas las versiones y todos los recuerdos es un síntoma de que la democracia ha alcanzado un alto grado de compromiso con todos sus ciudadanos, sin discursos hegemónicos ni silencios forzados.

Recuperar la memoria es también una forma de cerrar unas heridas que permanecen abiertas desde hace demasiado tiempo, porque poder hablar del pasado sin temor implica que este se puede conocer en el presente sin que ello suponga revivir antiguos traumas y disputas. Además, para quienes pueden o quieren compartir sus recuerdos, hablar de ello es también una forma de superación, de terapia individual que al ser compartida se convierte en colectiva.

Conocer diferentes versiones, escuchar los relatos que han estado ocultos durante décadas no puede evidentemente cambiar lo que ya ocurrió y, además, aquellos que nos lo relatan tampoco lo pretenden. Pero sus recuerdos sí pueden modificar el conocimiento actual sobre la historia, afectando de esta forma al presente y al futuro.

Recordar es un derecho y, para muchos, un deber para poder perdonar y cerrar las heridas abiertas. La recuperación de sus memorias permite, además, que aquellos que se han sentido víctimas, sin poder reclamar o reivindicar su historia, puedan asumir un papel activo en la reelaboración de la memoria colectiva.

Hoy, segundas y terceras generaciones tienen la oportunidad de redactar un nuevo discurso sobre el pasado con la distancia emocional y las herramientas democráticas de las que disponemos, una narración en la que las víctimas y los culpables pueden probablemente adoptar un nuevo significado y en la que la antigua confrontación puede dar paso a una pluralidad de relatos que sirvan para que en el futuro se conozca una historia necesaria y diferente.

 

V. Bibliografía.

Textos.

CIENCIAS SOCIALES- PROPUESTA CURRICULAR INTEGRADA 10- Educar editores.

EXPLORADORES – CIENCIAS SOCIALES 10 - Editorial Voluntad

NAVEGANTES – SOCIALES 10 - Editorial Norma

ZONA ACTIVA – SOCIALES – 10 - Editorial Voluntad

AVANZA SOCIALES 10 - Editorial Norma

 

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