TEXTOS GUIAS I.E SAGRADA
FAMILIA, SEGUNDO PERIODO. AÑO LECTIVO 2022
AREA CIENCIAS SOCIALES Y
COMPETENCIAS CIUDADANAS.
GRADOS DECIMO.
DOCENTE EIVAR STERLING
SANDOVAL.
SEDE MARIA MONTESSORI.
Docente:
Eivar Sterling Sandoval Grados:
Sede Central y María Montessori. Año
Lectivo: 2022 Período: segundo.
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Derechos Básicos de aprendizaje:
No 2 – Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural.
No 5 –
Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus
causas y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los
pueblos.
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Estándar: ü Identifico
algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación
que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el
mundo a lo largo del siglo XX. ·
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Competencias
a desarrollar
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Conflicto armado y violencia en Colombia.
Contexto
histórico de la violencia bipartidista en Colombia.
Fue un periodo de disputas
violentas asociadas al bipartidismo político. Lucha que enfrentaba a los
partidos políticos en Colombia, a saber: partido liberal y partido conservador.
La violencia como hecho histórico es determinante para comprender la realidad
actual e histórica del país. El suceso tuvo su temporalidad en los años 1946
hasta 1965 aproximadamente y el escenario geográfico fueron casi todos los
departamentos del país.
1946:
El estallido de la violencia.
El líder del pueblo Jorge Eliecer Gaitán.
Las Guerrillas Liberales en Colombia.
La
formación de las guerrillas liberales en Colombia es el resultado de dos causas
principales. Que se han cruzado de manera paralela con las dinámicas sociales y
regionales que les aportan el tejido social en el que se desenvolvieron. Fue la
violencia política, la primera de ellas, que desde el principio pretendió
transformarse en acción revolucionaria. Inicialmente se empezó con la construcción
de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo, disputándole la
preponderancia sobre la sociedad para luego suplantarlo. La segunda causa es de
origen social, por las luchas de la defensa de su territorio y de una
organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron las
características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en
principio una respuesta militar a la acción del Estado. Se trató de intentos de
unir la violencia política con la comunitaria, aquella en la cual se oponía la
comunidad a un enemigo calificado como
opresor, buscando de esa manera transformarse en acción revolucionaria y
política. Todos esos movimientos tanto ideológicamente como en su acción
militar, manifestaron una disposición política: el objetivo era suplantar al
Estado y al régimen político.
La
guerrilla colombiana es el resultado de dos procesos que se entretejieron con
distintos fenómenos sociales y regionales, estos fueron los casos del ELN y el
EPL consideradas como guerrillas de primera generación, y casos como el del
M-19 de segunda generación. Producto de procesos donde imperó la discusión
política son el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), el MIR-Patria Libre y
el Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT). (Vídeo: Breve Historia de las Guerrillas en
Colombia)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Conflicto armado actual en Colombia.
Masacre de las bananeras y brutal represión al pueblo
Por otra parte se habla mucho
del poder del estado pero no se ha estudiado a fondo el fuero militar. Es
cierto que el estado está ausente en muchos aspectos pero en el aspecto
militar es parcialmente débil la conclusión es obvia: si el poder se basa en el
dominio de la tierra y tiene poco poder militar se debilita el poder mismo. Es
un país que es igual a España y Francia juntas, con una debilidad intrínseca.
En cuanto a la violencia se
tiene que El 95% de la violencia colombiana es rural, si bien la violencia se
ensaña en muchas partes principalmente en las zonas cafeteras son las más
afectadas, de esta forma se tiene un panorama de por qué existe el conflicto:
Una economía rural, un
producto de mono exportación y una estructura vertical de la constitución, son
causas para el conflicto.
En cuanto al gobierno ofrecía
la imposibilidad de importar solo lo que no se producía aquí, y eso
ayudó, pero no fue para siempre.
También llegaron las
guerrillas, con líderes como Tirofijo quien dirigió las FARC, pero en realidad
él era un producto de la violencia misma de los liberales y conservadores,
claro está eso se silencia porque a los partidarios no les conviene, pero las
responsabilidades históricas son difíciles de asumir, el estudio de la
historia en Colombia ha sido descuidado.
En el contexto histórico es
necesario entender que chuzmeros y actuales guerrillas son diferentes, en las
antiguas agrupaciones armadas al margen de la ley Chulavitas y chusmeros se
igualaban en violencia, más no eran lo que hoy se conoce como guerrilla,
eventualmente esa violencia desplazó la gente del campo hacia la ciudad, eso
produjo una acumulación de gente en la ciudad, eso tiene un efecto económico, y
crea una demanda que urge por ser satisfecha, cambiando así los tipos de
oferta.
Desde el 80 en adelante hay un
desarrollo industrial en Colombia, las ventas se disparan un 300% después de la
violencia, incrementa el crecimiento de la ciudad como una de sus causas, ahí
viene la pregunta: ¿Cómo se resolvió la violencia bipartidista? Pactando una
alternación del poder, con el frente nacional. Liberales y conservadores
gobernarían a partes iguales, eran los actores violentos, por lo tanto llegaron
a un arreglo para lograr detener la matanza de 100 años entre ellos.
Hay un dimensionamiento
diferente de lo que es la violencia, la violencia del 50 fue por tierra y
café, aunque la producción cafetera no era latifundista, además es un error
pensar que el latifundio es causa directa de la violencia.
Para el 60 se fundan: el
ELN, M19 Y EPL las primeras pasan de ser
autodefensas a ser ejército popular de liberación, la principal razón para este
cambio fue político militar, ya que las fuerzas armadas de Colombia no llegaban
a 80 mil por lo tanto es absurdo pretender que esa fuerza militar puede
controlar algo. Hay que admitir que el estado era débil militarmente, pero
compensaban la falta de efectivos con la ferocidad, aun así las
posibilidades militares de la guerrilla parecían abiertas porque el estado era
débil por lo social económico y el uso de la fuerza., de esta forma la guerrilla
fue creciendo en el campo pero es de resaltar que nunca ha tenido fuerza
en la ciudad. Los estrategas de la guerrilla no tuvieron presente que el país
estaba dejando de ser rural para ser urbano, el café fue reemplazado por el
carbón y niquel, la guerrilla subvaloró el aspecto político económico y
militar. Un país que está ya fundamentalmente urbano cuya producción ya no es
rural no puede darse el lujo de que una guerrilla totalmente rural lo domine.
Uno de los líos con las FARC
es que nunca lograron contacto serio con las masa urbanas, el M19 tuvo más
éxitos, manejó de forma inteligente aspectos mediáticos y le dieron poder
porque tenía académicos, intelectuales y publicistas, ampliamente se hizo
propaganda, aunque se disipó.
El EPL a su vez se concentró
en Urabá aunque tampoco logró un desarrollo definitivo, sus efectivos pasaron a
formar las autodefensas… alias el monoleche quien mató a Castaño era ex -EPL,
esa guerrilla se convirtió en parte considerable de las filas AUC.
ACTUALMENTE:
Desde el punto de vista de la
revolución la guerrilla no tiene posibilidad de llegar al poder por ser rural,
porque la economía ya no es rural, una guerrilla rural en un país donde lo
rural ya no tiene si no el 20% de la importancia económica va contra el aspecto
económico de la teoría revolucionaria.
La clase de obreros es
desde Marx y Lenin lo
más importante, pero aquí no ha habido nunca un sindicato realmente
controlado por la guerrilla. El partido comunista no ha logrado controlar los
obreros, no tiene la vanguardia de la revolución, desde la teoría misma la
guerrilla no tiene futuro.
Del 80 en adelante empieza en
la economía rural la producción de droga, eso revitaliza el campo colombiano,
cuando declina el café aparece la droga, se dispersa sobre la periferia dada su
lucha contra ella, la guerrilla actualmente opera donde hay droga porque es el
único factor económico rural que le perite subsistir.
Es de tener en cuenta que el
producto bruto de Colombia será de 390 mil millones de dólares, el valor de la
producción de droga se calcula en 20 mil millones de dólares. La droga
sola tampoco podría dar a la guerrilla la posibilidad de ganar una guerra
entonces: ¿por qué la guerrilla tiene que negociar y está negociando? No
es solo por golpes militares, el ejército colombiano tiene 300 mil hombres,
100 mil de los mejores profesionales de América (como dato curioso
se puede agregar que el grupo de Colombia ha ganado las competencias de grupos
militares de América). Hoy en día se tiene que el Ejército Nacional ha crecido
en cantidad y en calidad. La guerrilla no tiene bases obreras, no le queda otra
salida: tiene que negociar.
El único factor de producción
importante de la arruinada agricultura colombiana es la droga pero no tiene el
peso que tuvo el café por más de 100 años, tampoco cuenta con bases rurales,
entonces con la economía debilitada la guerrilla no logra penetración sería,
excepto en las regiones que controla directamente pero esas regiones son muy
pequeñas.
Se puede afirmar entonces que
la negociación de la habana tiene posibilidades de un 70% positivo, nada más
basta agregar que la idea de que la guerrilla en Colombia no tiene objeto lo ha
dicho hace más de 40 años Fidel castro
mismo, políticamente Los socialismos democráticos años después del abandono de
las armas han logrado un pequeño y moderado socialismo, entonces se deduce
que si la guerrilla no negocia se suicida, por otra parte la clase
dirigente colombiana que cometió el error de matarse entre si esta urgida
también de la negociación.
Hace muy poco 100 industriales
del país encabezados por el doctor Sarmiento (el hombre más adinerado del
país), quien controla 80 mil millones de dólares, se alinearon con el
presidente Santos para aclarar que se necesitaba negociar, de esta forma
los intereses económicos se vinculan a la negociación, de ahí que el Ex
presidente y senador Uribe perdiera el capital industrial financiero y
aunque se conservan grupos vinculados a la vieja estructura del campo en
la ciudad la clase media también apoya a Uribe pero en la estructura del
capitalismo colombiano Uribe no presenta ni un 10 % – entonces se tiene
que al doctor Uribe lo respetan pero no lo siguen.
Los factores reales de poder
de Ferdinand
Lasalle, el capital en el ejército y las fuerzas productivas
están alineados con la negociación. Pero el ala disidente está fuera de la
competencia en la etapa más crucial que son los próximos años, la negociación
de la habana representa una posibilidad de 7 en una escala de uno a 10 dejando
claro que las perspectivas de negociación son muy buenas, a su vez el
postconflicto se va a resolver en que todas la fuerzas económicas y políticas
incluidas las de izquierda se alinearán para destruir los factores que
subsisten como las BACRIM.
En este momento las bandas
criminales proliferan solo porque el enemigo principal son las guerrillas, no
ellas, cuando todos se decidan por la paz y los 500 mil hombres del estado se
dediquen a perseguir a las BACRIM, se acabarán esas bandas y habrá finalmente
un estado de paz.
EL
CONFLICTO ACTUAL
En este momento el 75% de las
exportaciones de Colombia no son de origen rural, las exportaciones son
petróleo, carbón y oro sumado con lo industrial el 90% de las exportaciones no
son rurales, hay que admitir que el campo fue el motor pero ya no tiene
la misma importancia y en consecuencia con los factores políticos y sociales el
campo no puede seguir manteniendo el conflicto. Por último cabe anotar que la
acumulación del capital está llevando a la destrucción del capitalismo.
Negociamos o no son los polos
que hay ahora, si termina la lucha con la guerrilla se descubre una nueva
dimensión y problema, la injusta distribución.
Las
relaciones entre economía, política y violencia en el caso del conflicto armado
colombiano.
Las nuevas guerras implican
necesariamente el desmoronamiento total del estado o lo que se ha denominado
como estados fallidos, definido como “aquel en el cual el Gobierno no tiene el
control real de su territorio, no está considerado como legítimo por una parte
importante de la población, no ofrece seguridad interna o servicios públicos
esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza”.
Uno de los retos explicativos
del conflicto armado colombiano es la simultaneidad entre conflicto y
construcción del estado. Ya que si bien el conflicto de Colombia tiene en común
con otras experiencias el hecho de que se hayan borrado las diferencias entre
civiles y combatientes, gran parte de la lucha entre los grupos se explica por
el objetivo mutuo de tener control sobre la población civil, lo que implica el
aumento de población desplazada interna, de las matanzas y genocidios, es
decir, se configura una grave crisis humanitaria, además de que se ha producido
una simbiosis entre actores armados y economías ilegales que se expresa en
disputas o alianzas por el control de los recursos que ellas proveen. Todo lo
anterior no ha implicado la erosión total del estado y las instituciones.
En las guerras actuales hay
más de economía global y menos de política y consideramos que en el caso del
conflicto colombiano se trata de hallar un punto intermedio entre las
identidades políticas y los intereses económicos de los actores armados.
Consideramos que tomar como claves explicativas del conflicto qué tanto éste
tiene aún de político y qué tanto tiene ahora de económico, o entre su carácter
“político-colectivo” por oposición a su carácter “privado-criminal”.
Las guerras civiles los grupos
armados recurren al crimen organizado como método de financiación, pero de lo
anterior no se puede concluir que el conflicto armado constituya una forma de
crimen organizado a gran escala. Al contrario, Gutiérrez y Sánchez afirman que
“Contra las corrientes dominantes, esta investigación postula que el conflicto
colombiano es actualmente más económico, más criminal y más político.
La dinámica del conflicto
armado colombiano ha venido estableciendo entre economía, política y violencia.
Entre ellas destacamos una que toca especialmente a las guerrillas: el fenómeno
del secuestro. Éste “constituye el símbolo por excelencia de la paradoja
guerrillera, que se reclama portadora de un proyecto emancipador (contra la
alienación) y que al mismo tiempo reduce el cuerpo de sus víctimas a una
envilecida mercancía capitalista”. Por el contrario, los paramilitares, no
obstante su génesis en la delincuencia común, parecían privilegiar el secuestro
por razones políticas y en menor medida por razones financieras.
El proceso de inserción de los
grupos armados en la economía de las drogas les ha permitido, simple y
claramente, la obtención de mayores recursos, lo cual, por ende, habría
posibilitado el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de
su infraestructura militar, ya que, al lado de ese objetivo, también siguen
jugando los “deseos” y los “modelos” de sociedad que los grupos armados quieren
imponer a la sociedad colombiana en el orden cultural y político.
En relación con el conflicto
armado colombiano es necesario tener en cuenta que la globalización, si bien
afectó la acción del estado, restándole autonomía, de igual modo ha afectado la
lógica interna de los grupos armados que han logrado articularse a redes
transnacionales. Sin embargo, lo anterior no ha impedido que en las guerrillas,
los paramilitares y las organizaciones de narcotraficantes, simultáneamente a
la inserción en la globalización, también se haya verificado el proceso
contrario, en la medida en que se “enquistaron en nichos locales que son el
núcleo duro de su poder”
Los jóvenes se constituyen en
una población altamente vulnerable, con gran tendencia a ser reclutada o a
alistarse en los ejércitos irregulares a partir de la atracción que ejercen
sobre ellos los valores de la sociedad de consumo. Lo anterior explica el éxito
relativo que los actores armados han tenido en el masivo reclutamiento de los
jóvenes rurales, de los jóvenes urbanos de las ciudades intermedias y de los
jóvenes marginados de las grandes ciudades, que no solamente se puede
relacionar con el reclutamiento forzado.
Procesos de paz en el siglo XXI.
Se ha pasado de una situación de guerra en la primera década de
este siglo a una fase de post acuerdo en la cual persisten conflictos armados
focalizados subregionales y violencias redefinidas. Si se compara la situación
actual con la de antes de las negociaciones de paz o antes de 2017, se observa
que han disminuido todos los indicadores de agresión y muerte por violación de
las normas del DIH. El número total de víctimas al año ha caído de 540.000 en
2008 a 280.00 en 2014 y a menos de 100.000 en el 2020. Los homicidios de
persona protegida en razón del conflicto armado han caído a menos de 1000
personas al año desde 2016 y en los últimos años a menos de 600. Desde 2017 a
2020 se ha registrado un aumento del asesinato de líderes, excombatientes y
personas defensoras de la paz, aumento de agresiones y desplazamiento masivo
que no tienen el nivel de antes del acuerdo de paz pero que en todo caso
constituyen una amenaza para su implementación.
En la nueva situación la inmensa mayoría de la población
colombiana rechaza la guerra y el uso de las armas para afrontar conflictos
políticos o disputas por negocios legales o ilegales. Es un hecho relevante que
la reducción de la confrontación bélica ha facilitado un proceso pacífico de
recomposición social y política con reemergencia de grandes movilizaciones
reivindicativas, por la paz, la democracia y transformaciones estructurales
como las ocurridas entre 2017 y 2021.
El Acuerdo de Paz está vigente a pesar de la implementación
parcial, de la oposición guerrerista que ha manipulado para frenarlo,
desvirtuarlo, minimizarlo o sustituirlo. En medio de una transición traumática
ese acuerdo sigue vivo en tanto programa hacia la paz y porque se avanzó en la
formalización constitucional y legal durante el fast track y con pocas pero
importantes iniciativas en los últimos tres años como la puesta en marcha de la
Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de las
circunscripciones electorales que intentaron sabotear desde el gobierno; se
llevó a cabo la dejación de armas y el cumplimiento de la reincorporación
modificó de manera irreversible y con impacto histórico la situación de guerras
en Colombia y abrió el camino a la transición al postconflicto; desde un
ejercicio participativo se mantiene la presión para el cumplimiento de planes
de desarrollo territorial y se ha puesto en marcha el sistema integral de
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y sus pilares.
Hay que destacar como un logro clave que la implementación del
acuerdo final de paz cuenta con excepcional respaldo internacional encabezado
por las NNUU y su consejo de seguridad y por países del mundo que colaboran
activamente para la transición al postconflicto.
¿Cuáles son las principales fallas en la
implementación del Acuerdo de Paz en estos 5 años?
La
primera falla se desprende del pacto realizado con el uribismo por parte de
sectores que habían apoyado el Acuerdo del Colón y pasaron a promover la
candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta de las presidenciales en 2018.
Ese pacto se basó en la prioridad que dieron desde Cambio Radical, Partido de
la U y el oficialismo liberal a la tarea de atajar al candidato del centro
izquierda a riesgo de la sustitución del texto del Acuerdo. Sin ese respaldo de
última hora no habría triunfado Iván Duque ni se habría impuesto lo que la
nueva administración llamó Paz
con Legalidad que significa un recorte al acuerdo del
Colón en los contenidos de ampliación democrática y reformas sociales y
rurales, tal como se consagró en el Plan de Desarrollo 2018 – 2026.
¿Pero la persistencia de confrontaciones
armadas, violencias y asesinatos no indican el fracaso de la paz y el regreso o
continuidad de la guerra?
Los
logros y dificultades en estos 5 años de transición traumática no significan ni
el fracaso del acuerdo de paz ni el retorno de otro ciclo de guerra. Colombia
está en una encrucijada en la que lo dominante es la oportunidad de pasar a una
etapa histórica sin guerra, ni conflictos armados por insurgencia y
contrainsurgencia. En estos años se han fortalecido más las fuerzas propaz y
contra la solución militar, en medio de grandes contradicciones y presiones
desde sectores de ultra derecha que fueron hegemónicos en la contrainsurgencia
y el paramilitarismo y continúan con influencia en la cúpula del poder
económico y político. Encuestas, resultados electorales y dinámicas de
movilización y protesta de millones de colombianos defensores de la paz
muestran que hoy pesa más la posibilidad de la paz que el regreso a la guerra.
La ausencia de programas integrales de desarrollo, democracia, bienestar, la omisión desde el Estado, la no implementación efectiva de los acuerdos de paz y la imposición de nuevas estrategias gubernamentales de guerra son factores decisivos para la persistencia de violencias.
¿Cuáles son los retos más importantes para avanzar en la
implementación del Acuerdo de Paz?
Entre
esos retos para la implementación del Acuerdo sobresale la necesidad de
reestablecer el consenso político para su implementación integral en sus seis
componentes y sus enfoques étnico y de género, logrando que se convierta
efectivamente en eje de realización del programa de los gobiernos entre 2022 y
2030, con recursos extraordinarios en los planes de desarrollo y presupuestos
plurianuales.
Todos
estos retos podrán asumirse en la medida en que se multiplique la movilización,
organización y participación social y política para la ampliación de la
democracia y de transformaciones que permitan un salto en equidad, bienestar
social, no violencia y vigencia de los derechos humanos.
Por
lo demás, la implementación del acuerdo del Colón reclama reafirmar las
obligaciones del Estado y de la sociedad en la realización del derecho a la paz
que incluye el impulso de las soluciones políticas a los conflictos con grupos
insurgentes como el ELN, con otros menores y con el guerrerismo de ultra
derecha.
Bandas criminales
armadas en Colombia BACRIM.
Después del proceso de desmovilización con las
Autodefensas Unidas de Colombia adelantado por el expresidente Álvaro Uribe
Vélez en su primer periodo de gobierno, a través de la Ley de Justicia y Paz,
se dio el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, denominados por
organismos de inteligencia policiales y militares como Bandas Criminales
Emergentes Bacrim, las cuales se entienden como organizaciones
significativamente armadas que surgen de la dinámica posterior a la
desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia.
Las Bacrim desarrollan
actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos, igualmente con
frecuencia emplean la violencia como mecanismo de delimitación de áreas de
influencia específicas de coacción e intimidación unilateral sobre terceros,
con el propósito de mantener las condiciones necesarias para continuar sus
actividades delictivas. Como lo señala la Comisión Nacional de Reparación y
conciliación. Estas agrupaciones cuentan en el interior de sus filas con
personas vinculadas a la delincuencia común, como mandos medios y combatientes
rasos desmovilizados o no de las autodefensas.
El surgimiento de estas bandas
con ánimo de lucro, se vio beneficiado gracias a los vacíos de poder generados
por la desmovilización de las AUC, permitiendo asi su crecimiento y
proliferación en diferentes zonas del país. Frente a este panorama, el número
de nuevas bandas criminales aumentó de tal forma, que para el año del 2008
hacia presencia en 19 departamentos. Entre las zonas más afectadas se encuentran
la zona caribe del país (Atlántico, Guajira, Cesar, Magdalena y Norte de
Santander), la zona del Pacifico y Norte del Valle (Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Nariño y parte de Putumayo)., la zona de los Llanos Orientales
(Guaviare, Meta y Vichada) y la última, comprendida por los departamentos de
Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar y Magdalena Medio.
Es importante anotar que en la
actualidad, los grupos más numerosos han cooptado a los más pequeños y en
últimas han terminado absorbiéndolos, dejando así pocas bandas criminales de
esta naturaleza.
La experiencia ha demostrado que después de que un
grupo deja las armas, es muy común que otros tomen su lugar para controlar el
territorio, que en la mayoría de los casos tenía actividades ilegales que permiten
su sostenimiento económico. Entre 2003 y 2006, con la desmovilización de las
AUC, que ocuparon, según el CERAC, 711 municipios de Colombia antes de su
desmovilización, el Gobierno identificó cuatro regiones en las que se confirmó
la existencia de nuevos grupos alzados en armas: en la Costa Atlántica, El
Catatumbo, El Pacífico y Los Llanos Orientales.
Estos “nuevos grupos
armados” se denominaron “bandas criminales”, y serían tratados como estructuras
de crimen organizado.
Actualmente en Colombia
existen nombres de bandas criminales como las
Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia (Fiac), la Constru, los Sotos, los
Pachenca, los Giraldo, los Botalones, la Empresa o Cordillera. Estas son las
bandas criminales emergentes que la mayoría de los colombianos no conocen.
En estas
regiones los jóvenes son los más afectados y comienzan a perder la esperanza.
De hecho se intenta llevar una estadística sobre un tema sensible, como es el
reclutamiento forzado de menores, pero el común denominador es que la comunidad
no quiere denunciar muchos hechos.
En el Paramillo, en las
montañas del municipio de Tierralta, sur de Córdoba, los habitantes se
apropiaron del término reciclaje, para bautizar a los violentos que cambiando
de bando ahora se mueven entre ‘los Urabeños’ o el famoso ‘clan Úsuga’. Se
refieren a las bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de los
paramilitares en 2006.
El último y más fresco reporte
del miedo que se respira en varias regiones colombianas es el de Barbacoas,
Nariño, donde 15.000 habitantes le temen a ‘los Urabeños’ o ‘Autodefensas
Gaitanistas’, que intentan afincarse en los ríos Patía, Magüí y Telembí, por
donde se pasean las guerrillas de las Farc y el ELN. Con la llegada de esta
banda se han triplicado los asesinatos en Barbacoas.
El defensor del pueblo, Jorge
Armando Otálora, señaló que durante todo el 2013, de acuerdo con Medicina
Legal, hubo 8 homicidios en ese municipio. Pero ahora, en sólo un semestre de
2014, esa cifra alcanzó las 24 personas muertas. La presencia de este grupo
armado ilegal, dice la Defensoría, tiene como objetivo disputarle el control a
la guerrilla, en sitios clave para transporte y movimiento del narcotráfico.
A través de cuatro cartas
dirigidas al Ejército, la Policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del
Interior, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención sobre la
expansión de bandas hacia Chocó y Nariño, en donde los crímenes y el
desplazamiento no cesan.
Según este organismo, las
bandas criminales ya se han asentado en 168 de los 1.098 municipios del país.
Pareciera que la cifra no es considerable, pero esos municipios están
distribuidos en 27 de los 32 departamentos que hay en Colombia. LINK
“Existe una alta posibilidad
de que se presenten amenazas de muerte, agresiones físicas, torturas,
homicidios y extorsiones” en estas regiones, advierte la Defensoría en las
cartas dirigidas al Gobierno y las Fuerzas militares.
Las Bacrim buscan su expansión
‘Los Urabeños’ es el grupo que
más mancha el territorio colombiano y en segundo lugar ‘los Rastrojos’. Un
estudio de la organización Insight Crime precisa que “son la combinación
perfecta del crimen organizado colombiano por ser los únicos en abarcar tres
generaciones con experiencia criminal”. El hombre duro de la estructura es
Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
La ola de expansión de ‘los
Urabeños’ está enfocada en quitarle el corredor a la guerrilla en departamentos
claves o hacer alianzas para fortalecer las estructuras criminales para la
explotación ilegal de oro. Además, el funcionario advirtió que las acciones del
Estado lucen tibias cuando se observa cómo se han disparado el desplazamiento,
las desapariciones forzadas y las amenazas a la población civil.
‘Los Urabeños están en 20 de
los 27 departamentos donde hay Bacrim identificadas y en muchas de esas
regiones se disputan el poder con ‘los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’
simultáneamente. Esto es el 15 % de los 1.096 municipios de Colombia.
Es decir, que en el 85 % del
territorio no hay presencia de bandas criminales, dato que es muy cercano al
reportado en el 2013 por el Ministerio de Defensa en su documento ‘Cifras y
hechos de la estrategia general de seguridad".
Sin embargo, la Defensoría se
ha mostrado preocupada por el avance de estos grupos hacia algunas zonas donde
antes no tenían presencia significativa, y a donde han llegado a disputarle el
territorio a las Farc y el Eln, lo que deja a las poblaciones en alta situación
de vulnerabilidad. Hay cuatro departamentos: Bolívar, Chocó, Cundinamarca y
Santander, en los que hacen presencia al mismo tiempo tres bandas criminales.
En el Chocó, el accionar de
estas bandas ya ha ocasionado el desplazamiento de 3.311 indígenas de la etnia Emberá,
quienes han debido abandonar sus tierras debido a los enfrentamientos armados
entre las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y el Eln en
las zonas del Medio y Alto Baudó.
En estas regiones los jóvenes son
los más afectados y comienzan a perder la esperanza. De hecho se intenta llevar
una estadística sobre un tema sensible, como es el reclutamiento forzado de
menores, pero el común denominador es que la comunidad no quiere denunciar
muchos hechos.
Además del Eln, las
disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los
Puntilleros’, conocidos como Grupos Armados Organizados (GAO) y contra los
cuales el Estado puede usar incluso los bombardeos, en el país hay
otras 19 estructuras delincuenciales menos conocidas, pero consideradas como
una amenaza para la seguridad.
Y uno de los hechos que más
preocupa a las autoridades es que 10 de esas organizaciones están en Medellín y
el valle de Aburrá, Antioquia. No en vano el índice de homicidios no cede en la
capital antioqueña. En esta ciudad, según el análisis de inteligencia, hay dos redes que generan los mayores
focos de violencia en su pelea por el control territorial para el tráfico de
droga y extorsiones. Además, están provocando desplazamientos forzados
intraurbanos.
La primera de esas redes es
‘la Terraza’; La segunda es ‘Robledo’, esta banda tiene incidencia en los
barrios Robledo y San Javier y en el corregimiento de San Cristóbal. En el área
metropolitana de Medellín, o valle de Aburrá, hay redes criminales que han
logrado sobrevivir durante años, como la banda ‘Pachelly’, que lleva 25 años
cometiendo homicidios y tiene presencia en el municipio de Bello.
Bandas en el pacífico y el
Caribe: Por ejemplo, ‘Banda Local’ hace presencia en Buenaventura, Valle.
En la
costa Caribe están ‘los Pachenca’, que azotan con la extorsión y manejan el
narcotráfico en Santa Marta y su zona rural.
En Barranquilla, Atlántico,
actúan ‘los Costeños’, cuyos tentáculos se extienden a cinco municipios. Esta
banda mata gente por encargo. Todos
estos grupos se han convertido en verdaderos problemas para la seguridad
ciudadana y, por eso, la captura de sus cabecillas es uno de los principales
objetivos de las autoridades.
En el Caquetá: Las
más notorias eran ‘los Caqueteños’, ubicados en Leticia, Amazonas. ‘los
Caqueteños’ hay alerta porque estarían intentando reorganizarse para traficar
cocaína por la frontera con Brasil y Perú.
Los
hijos de Isaza: Dos de los hijos del ex paramilitar Ramón
Isaza, alias el Viejo, quien fue jefe de las Autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio, conformaron el ‘clan del Norte’, con acción en el suroriente
antioqueño, según el informe de inteligencia.
Buscan controlar franquicias
que otorgaron a pequeñas redes para manejar laboratorios de cocaína.
Los
rastrojos: en Norte de Santander se ubicó una facción de ‘los
Rastrojos’, firmaron una alianza con ‘los Pelusos’ para apoyarlos en la guerra
territorial que libran con el Eln hace más de un año por el control de la
frontera con Venezuela para el envío de cocaína a través de las pistas
clandestinas ubicadas en el estado Zulia.
Los caparrapos: por su
peligrosidad y porque han logrado expandirse a varias zonas del país, el
Gobierno estudia darle la connotación de Grupo Armado Organizado (GAO) a ‘los
Caparrapos’, una disidencia del ‘clan del Golfo’, con hombres dedicados al
narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Su zona de injerencia es el
bajo Cauca antioqueño.
Internacionalización del conflicto armado colombiano.
Colombia
ha asistido a un debate controversial acerca de la forma como se deben
involucrar algunos actores internacionales interesados en la paz.
Paralelamente, los vínculos de los grupos armados al margen de la ley con el
narcotráfico, y los eventuales contactos con otros Estados y organizaciones
sociales en el exterior, han tenido un impacto directo sobre el proceso de
internacionalización del conflicto colombiano. A pesar de la dificultad en la
categorización del conflicto, queda en evidencia que desde la década de los
noventa las sucesivas administraciones han diseñado una estrategia de
internacionalización. Sin embargo, cada una ha tenido distintos enfoques. A
esto es necesario añadir, una proyección internacional de las FARC y la
participación activa de la comunidad internacional que le han dado un matiz al
proceso de internacionalización. A la
luz de estos hechos, es necesario reflexionar acerca de la forma como se ha
internacionalizado el conflicto colombiano y los efectos de este proceso sobre
la evolución no sólo del conflicto sino de la imagen de Colombia ante el
mundo.
La
incipiente internacionalización: Ernesto Samper y el DIH.
Pardo y Carvajal sostienen que los primeros pasos hacia la
internacionalización del conflicto colombiano se dieron con la administración
de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)6. Las manifestaciones más claras en este
sentido, tienen que ver con la ratificación del Segundo Protocolo Adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conflictos armados no internacionales.
Desde la ratificación de los tratados constitutivos del DIH, el tema de la
humanización7 de la guerra ha cobrado fuerza, aunque su interpretación ha
generado polémicas acerca del compromiso de los actores armados ilegales frente
a dichos acuerdos.
Asimismo, se estableció una oficina permanente del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se firmaron acuerdos con el
Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de facilitar su labor en el
conflicto colombiano. Sin embargo, para
algunos la internacionalización del conflicto emprendida por la administración
Samper, fue tan sólo una manera de combatir el aislamiento internacional de
Colombia, ante los escándalos provocados por los nexos entre el narcotráfico y
la campaña presidencial.
Andrés
Pastrana y la Diplomacia por la Paz.
En el cuatrienio de Andrés Pastrana (1998-2002), la prioridad radicaba
en la firma de acuerdos de paz con los grupos insurgentes. Desde su campaña, el
candidato insistía en la necesidad de involucrar a la comunidad internacional
en un eventual posconflicto, por lo que propuso una especie de Plan Marshall.
En este sentido, el político conservador resaltó la importancia del compromiso
adquirido por Estados Unidos en la reconstrucción de Europa luego de la Segunda
Guerra Mundial. En esta vía, Pastrana planteó un plan análogo que se adaptara
al contexto colombiano.
A partir de esas reflexiones, propuso el Plan Colombia que terminó por
establecer un proyecto cuya prioridad era la erradicación de cultivos ilícitos
y el fortalecimiento del Estado, como consecuencia de las modificaciones hechas
por la presión estadounidense. Esto explica, la diferencia entre la primera
versión del Plan y la que finalmente se aprobó. Frente a este nuevo panorama,
la Unión Europea decidió abstenerse de participar en el Plan Colombia, ya que
su contenido se apartaba de una vocación social imprescindible para el
posconflicto.
A la luz de estos hechos, el Parlamento Europeo criticó el Plan Colombia
a través de una declaración oficial en febrero de 2001, del siguiente tenor:
“[La Unión Europea] constata que el Plan Colombia entraña aspectos contrarios a
las estrategias de cooperación y a los proyectos en los cuales la UE está
comprometida”.
La distancia que tomó la Unión Europea frente al Plan Colombia, deja en
evidencia la falta de una estrategia
adecuada de internacionalización. Para que dicho proceso sea exitoso no
basta con contar con el apoyo de Estados Unidos, es necesario incluir a otros
actores de la comunidad internacional en el diseño de lo que en ese entonces
era el principal proyecto para el posconflicto en Colombia. Sin embargo, la participación de la
comunidad internacional continuó, y se crearon dos grupos de países para el
seguimiento de los procesos de negociación con las FARC y el ELN. Aunque en un principio los Estados Unidos
acompañaron el proceso de paz con el primero, el asesinato de tres antropólogos
de ese país ocurrido a finales de 1999, puso fin al apoyo estadounidense.
A pesar de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, los
resultados fueron desconcertantes. De un lado, los diálogos con el ELN entraron
en una dilatación que minó la credibilidad de las negociaciones frente a la
opinión pública. De otro, el proceso con las FARC terminó aparatosamente en
febrero de 2002, tras el secuestro del senador colombiano Jorge Gechem.
Durante la internacionalización emprendida por el gobierno Pastrana
varias debilidades quedaron en evidencia. Particularmente, sobresalió la
ausencia de mecanismos claros de verificación de los acuerdos entre guerrillas y
gobierno con la participación de los países amigos. De igual forma, el acento
militar del Plan Colombia alejó a los europeos de uno de los escenarios más
importantes para involucrar a la comunidad internacional en el posconflicto.
Ahora bien, cabe anotar que buena parte de los recursos con los que
cuenta actualmente el Estado colombiano en la ejecución de la política de la
Seguridad Democrática provienen de la Diplomacia por la Paz de Andrés Pastrana,
cuyo máximo logro fue la obtención de importantes recursos para la erradicación
de cultivos de uso ilícito, la promoción del desarrollo alternativo y la
modernización de la Fuerza Pública, entre otros.
La
diplomacia como instrumento de aislamiento a los grupos armados ilegales:
Álvaro Uribe y la Seguridad Democrática
Habida cuenta de estos sucesos, la llegada de Álvaro Uribe Vélez (2002)
a la presidencia fue asumida como una enérgica respuesta a la ausencia de
resultados concretos en los diálogos de paz de Pastrana. Si bien en un
principio, el presidente buscó los
buenos oficios9 por parte del entonces secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, este escenario fue rechazado por las FARC, quienes consideraban
inútil la intervención de dicha organización en otros conflictos.
A partir de ese momento, el presidente Uribe emprendió una cruzada
internacional con el fin de aislar diplomáticamente a las FARC, insertando a
Colombia en la llamada “guerra global contra el terrorismo” en cabeza de los
Estados Unidos. En este contexto, una de las decisiones políticas más
controvertidas del gobierno colombiano, tiene que ver con la negativa a
reconocer la existencia de un conflicto armado. Para muchos, esto dificulta la
aplicación del DIH en tanto que al no existir conflicto, las razones para la
aplicación de esta normativa pueden relativizarse. De otro lado, la situación actual deja en
claro la divergencia de posiciones y argumentos de las partes frente al
reconocimiento mutuo, el acuerdo humanitario y el papel de la comunidad
internacional. En suma, tanto el gobierno como las FARC se han descalificado
progresivamente entre sí y no existe un diálogo directo que permita confrontar
sus argumentos.
Frente al acuerdo humanitario, el gobierno consideró la posibilidad de
una facilitación por parte del presidente Hugo Chávez para lograr la liberación
de los secuestrados en poder de las FARC. Sin embargo, la participación
venezolana se vio interrumpida por las dudas del gobierno colombiano acerca de
las afinidades entre las FARC y Caracas. El punto final de una larga serie de
incidentes entre ambos Estados fue la llamada del presidente Chávez al
comandante del ejército colombiano, calificada por Bogotá como una injerencia.
Es menester recordar que las tensiones entre Colombia y Venezuela
comenzaron en 2000 ante la declaratoria de neutralidad de este último frente al
conflicto colombiano10. Recientemente, las alocuciones del primer mandatario
venezolano aceptando la legitimidad de la lucha de las FARC han empeorado la
situación. Empero, esto le valió el reconocimiento por parte del grupo armado
como interlocutor válido para una negociación, en detrimento de la posible
mediación de la iglesia católica y de España acusados por los insurgentes de
tomar partido a favor del gobierno colombiano.
La crisis diplomática y la redefinición de la internacionalización del
conflicto La crisis entre Colombia,
Ecuador, Nicaragua y Venezuela desencadenada por el abatimiento de “Raúl Reyes”
en territorio ecuatoriano podrían fortalecer el discurso colombiano relacionado
con la guerra global contra el terrorismo con el fin de involucrar a los
vecinos inmediatos en el asedio contra las FARC. Bajo esta perspectiva, la Resolución 1373/01
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría ser el principal derrotero
jurídico del Estado colombiano. En ella se insta a los gobiernos del mundo a
abstenerse de apoyar directa o indirectamente a los grupos calificados como
terroristas. Cabe anotar que resulta imperante la redefinición de la estrategia
para internacionalizar el conflicto, con el fin de evitar un aislamiento
diplomático y un escalamiento de la crisis.
La
comunidad internacional y la internacionalización del conflicto.
Las posiciones de la comunidad
internacional frente al conflicto colombiano han variado, esencialmente a la
luz de dos razones.
De un lado, las posturas del
Estado colombiano han carecido de constancia para calificar a los grupos
armados al margen de la ley. Simultáneamente, las posiciones frente al vínculo
entre el narcotráfico y el conflicto tampoco lo han sido. Por ejemplo, al
inicio de la administración Pastrana, se hizo hincapié en la diferencia entre
el tráfico de narcóticos y el conflicto armado. Sin embargo, al final del
mandato se refería a ambos como indisociables.
Por otro lado, existen diversos
intereses y enfoques de la comunidad internacional en Colombia. Sobresale el
contraste entre la percepción estadounidense y la europea. En el caso del
primero, los esfuerzos se concentran en atacar las manifestaciones más visibles
del conflicto y en insertarlo dentro de la guerra global contra el terrorismo.
En lo que tiene que ver con el
segundo, su cooperación está más orientada a soluciones estructurales, es decir
al mejoramiento integral de las condiciones socio-económicas de los colombianos
más marginados.
La posición de Europa.
La idea de memoria
histórica contiene un amplio universo de referencias. En nuestro país, nos
traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que vivieron la
Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de
reconocimiento de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite
asimismo a la memoria colectiva y a la forma en que estas personas explican (y
se explican) su pasado.
Memoria y resiliencia
Los testimonios de
las personas que prestan su memoria para complementar la historia con
documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos
reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia, de superación de
momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite
conservarse y hacer coherente su ideología con el contexto en que tuvieron que
relacionarse y vivir. Reflejan, por tanto, su capacidad resiliente.
La resiliencia
posee dos dimensiones diferentes: por un lado, alude a la capacidad de
adaptación y por otro, representa la facultad de resistencia, en este caso
conectada a la dureza. La recuperación de la memoria histórica constituye en sí
misma un acto de resiliencia que comprende su definición en un sentido amplio,
es decir que implica ambas dimensiones, elasticidad y dureza.
Además, se
extiende hasta el presente, pues en los relatos encontramos el sentido positivo
de haber podido superar una situación extrema para poder contarla y mantener
una coherencia vital entre la persona que lo cuenta y la que sobrevivió a la
represión.
Trabajar con los recuerdos
Recoger
testimonios orales y utilizar la memoria como objeto de estudio comporta, no
obstante, algunos inconvenientes asociados a la peculiaridad del vehículo de
análisis de los hechos: los recuerdos. Las memorias se pueden borrar, modificar
o ampliar, y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo,
representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través
de una mirada del presente.
De esta forma la
memoria es un elemento cargado de subjetividad pero con gran capacidad
simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la
historia pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e
ideologías.
El relato conjunto
que se construye, y en el que cada individuo matiza su experiencia y la dota de
peculiaridades, constituye la memoria colectiva ignorada durante décadas en
función de la transmisión de una única historia oficial. Los relatos
construidos de esta manera son diversos y heterogéneos en lo que respecta a las
experiencias vividas, las represiones sufridas y las estrategias adoptadas,
pero mantienen un elemento común: todos ellos amplían la historia que conocemos
y nos muestran un contexto social que, en muchos casos, desconocíamos.
Esta
reconstrucción del relato genera, en numerosas ocasiones, controversias
sociales y políticas que demuestran que el conflicto sigue latente en la
sociedad. Pero la recuperación de la memoria se construye como una alternativa
al silencio, un silencio que en muchos casos impide el recuerdo de vivencias
pasadas, el desarrollo de estrategias resilientes comunes y la reorganización
del recuerdo colectivo que posibilite la (re)construcción de identidades
grupales. La presencia de la memoria significa que se brinda la posibilidad de
que los testimonios que son rebatidos o no quieren ser escuchados, puedan expresarse
y de que esas voces, tanto tiempo calladas, puedan ser oídas.
La democracia permite echar la vista atrás
Superar el pacto
del olvido, por tanto, implica asumir que el consenso social de “olvidar” debe
ser sustituido por “recuperar”, así como la aceptación explícita de que el
pasado es diferente a cómo lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que
no pudieron participar en la construcción de ese discurso deben ser tenidos en
consideración.
La democracia ha
alcanzado hoy en día un grado de madurez que permite abordar este objetivo.
Reconocer una parte de la historia negada, olvidada o silenciada, implica
también significar a aquellos que sufrieron sin ser reconocidos o fueron
estigmatizados sin poder restaurar, aunque fuera de manera simbólica, su
dignidad o la de sus antepasados.
Pese a que pueda
parecer inconveniente recuperar un conflicto que no afectó directamente a
muchos de los que hoy conforman la sociedad, la recuperación de la memoria
histórica puede facilitar una mayor cohesión social. Escuchar todas las
versiones y todos los recuerdos es un síntoma de que la democracia ha alcanzado
un alto grado de compromiso con todos sus ciudadanos, sin discursos hegemónicos
ni silencios forzados.
Recuperar la
memoria es también una forma de cerrar unas heridas que permanecen abiertas
desde hace demasiado tiempo, porque poder hablar del pasado sin temor implica
que este se puede conocer en el presente sin que ello suponga revivir antiguos
traumas y disputas. Además, para quienes pueden o quieren compartir sus
recuerdos, hablar de ello es también una forma de superación, de terapia
individual que al ser compartida se convierte en colectiva.
Conocer diferentes
versiones, escuchar los relatos que han estado ocultos durante décadas no puede
evidentemente cambiar lo que ya ocurrió y, además, aquellos que nos lo relatan
tampoco lo pretenden. Pero sus recuerdos sí pueden modificar el conocimiento
actual sobre la historia, afectando de esta forma al presente y al futuro.
Recordar es un
derecho y, para muchos, un deber para poder perdonar y cerrar las heridas
abiertas. La recuperación de sus memorias permite, además, que aquellos que se
han sentido víctimas, sin poder reclamar o reivindicar su historia, puedan
asumir un papel activo en la reelaboración de la memoria colectiva.
Hoy, segundas y
terceras generaciones tienen la oportunidad de redactar un nuevo discurso sobre
el pasado con la distancia emocional y las herramientas democráticas de las que
disponemos, una narración en la que las víctimas y los culpables pueden
probablemente adoptar un nuevo significado y en la que la antigua confrontación
puede dar paso a una pluralidad de relatos que sirvan para que en el futuro se
conozca una historia necesaria y diferente.
V. Bibliografía.
Textos.
CIENCIAS SOCIALES- PROPUESTA CURRICULAR
INTEGRADA 10- Educar
editores.
EXPLORADORES – CIENCIAS SOCIALES 10 - Editorial Voluntad
NAVEGANTES – SOCIALES 10 - Editorial Norma
ZONA ACTIVA – SOCIALES – 10 - Editorial Voluntad
AVANZA SOCIALES 10 - Editorial Norma
Excelentes actividades para desarrollar en Ciencias Sociales
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